El Pleno aprueba limitar la proliferación de viviendas turísticas en Cádiz

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria de noviembre, ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) planteada por el Equipo de Gobierno para evitar la excesiva turistificación de la ciudad limitando la implantación de pisos turísticos en suelo residencial, a fin de garantizar el equilibrio entre ambos usos y propiciar un turismo sostenible en el tiempo que garantice la convivencia efectiva y que el empleo que genere sea estable y de calidad.

La medida ha salido adelante con el voto favorable de Adelante Cádiz y PSOE, la abstención de Ciudadanos (Cs) y el voto en contra del Grupo Popular y del edil no adscrito, Domingo Villero.

El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha sido el encargado de defender la propuesta, sustentada en «razones imperiosas de interés general como la protección del entorno urbano» y en el objetivo de política social vinculado al derecho a la vivienda. Durante su intervención, ha dejado claro que «no se prohíbe el turismo en ningún momento», pero sí que se regula «aplicando el sentido común» para que su crecimiento no suponga una amenaza al derecho a la vivienda y al derecho de los gaditanos y gaditanas a vivir en su propia ciudad. Se trata, según ha apuntado, de que «Cádiz sea una la ciudad de su gente y para su gente» y de defender el derecho de las personas frente a la especulación, así como propiciar «un turismo sostenible y sostenido» vinculado a la generación de empleo que no sea precario.

El Equipo de Gobierno ha recordado que en su programa electoral ya recogía el compromiso de regular las viviendas y los apartamentos turísticos «para que no expulsaran a más vecinos y vecinas de nuestros barrios y frenar, en la medida de lo posible, los alquileres abusivos, para poner los cimientos de un turismo de convivencia». Tras apuntar que ha habido que esperar un año y cuatro meses desde que lo presentaran por primera vez, ha agradecido al PSOE su cambio de postura y que ahora apoye esta iniciativa para «blindar el derecho a ciudad de sus vecinos y vecinas».

La propuesta aprobada supone también, de acuerdo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la suspensión en toda la ciudad por el plazo máximo de un año del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que supongan la modificación del régimen urbanístico vigente y que sean relativas a la transformación y compatibilidad del uso hospedaje en suelo residencial. El expediente se someterá a participación, consulta, información y audiencia pública previas por periodo de un mes.

Propuestas de los grupos municipales

Siguiendo el orden del día, el debate de las propuestas de los grupos municipales ha comenzado por las tres de Adelante Cádiz, todas aprobadas. La primera de ellas implica instar al Gobierno central a declarar la salida inmediata del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) para poder «defender los intereses de la ciudadanía y de las empresas locales frente a las grandes empresas energéticas y fondos de inversión». Desde Adelante Cádiz se entiende que el tratado es, en la práctica, un arma de las grandes multinacionales contaminantes y que condiciona los avances desde la transición energética en la lucha contra el cambio climático. Ha sido aprobada con el apoyo del Grupo Socialista y la abstención de PP, Cs y Villero.

La segunda propuesta, aprobada en este caso por unanimidad, supone reclamar a la Junta de Andalucía que reconozca el papel principal que deben jugar las matronas en el embarazo, parto y puerperio, a que eleve el número de estas profesionales en la atención primaria en la ciudad de Cádiz y que, además, facilite el desarrollo de todas sus funciones habilitando espacios oportunos para ello.

La última de las mociones, presentada a propuesta de Apdha y que incorpora una enmienda de adición del Grupo Popular, persigue que Instituciones Penitenciarias dote a los penales de Puerto I y Puerto II de la instalación de sistema de calefacción central, del que actualmente carecen, así como autorizar, en su caso y con todas las medidas de seguridad pertinentes, calefactores individuales tanto en las celdas como en las zonas comunes y de comunicaciones con familiares y locutorios, mejorando de este modo las condiciones generales de habilitabilidad de la población reclusa y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de dichos centros penitenciarios.

Marta Horno, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha sido la encargada de presentar en primera intervención la propuesta debatida en el Pleno, que ha tenido el respaldo unánime de todos los grupos de la Corporación municipal. Tanto la propuesta como la enmienda de adición han sido aprobadas por unanimidad.