FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno siga adelante con su plan de implantar un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024.
La Dirección General de Carreteras, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado un estudio a la consultora pública Ineco para valorar el nuevo sistema de financiación de las carreteras, en línea con el compromiso que adquirió con Bruselas a cambio de recibir fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya avanzó en octubre de 2021 que el Gobierno se encontraba trabajando en esta medida, aunque el pasado mes de junio descartó iniciar el debate correspondiente con el sector debido a la situación económica. Sin embargo, volvió a confirmar que el plan seguía adelante y que la idea era implantarlo a partir de 2024.
En este sentido, FACUA rechaza de pleno este modelo propuesto por el Gobierno y señala que esta medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública.
Así, la asociación entiende que la financiación de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Mientras que la financiación a través de dichos impuestos permite garantizar una cierta progresividad -de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo-, FACUA señala que la implantación de este «sistema de tarificación» -como han dado en llamarlo- en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que perjudica, una vez más, a aquellos con un poder adquisitivo inferior.
CLARO PERJUICIO
De igual forma, esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Por otra parte, esta medida se está planteando en un momento en el que no está existiendo una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.
En su primer anuncio sobre este plan, el Ejecutivo justificó esta medida en que los costes de conservación de la red de carreteras de alta capacidad no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios, y en que se planteó con vista a una minoración de la emisión de gases de efecto invernadero.
En este sentido, FACUA insta al Gobierno a que, si el impacto medioambiental es uno de los motivos, debe apostar firmemente por un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado, en lugar de plantear medidas que terminan siendo perjudiciales para los ciudadanos con menor poder adquisitivo.
LA JUNTA CRITICA QUE VAYA A ATARCARSE LOS BOLSILLOS EN UN MOMENTO DE CRISIS
La consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha lamentado que el Gobierno central esté dispuesto a poner en marcha una medida «tan sensible» como el pago por el uso de autovías, «atacando al bolsillo de los ciudadanos en un momento de crisis».
Así lo ha señalado en unas declaraciones tras saber que el Gobierno ya ha iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
La consejera de Fomento ha enfatizado que la vía para la recuperación «no es imponer impuestos ni nuevas tasas» y apuesta por «liberar de cargas» a empresas y consumidores, así como a bajar impuestos «como se está haciendo en Andalucía».
Tras advertir que los peajes pueden ocasionar «cierres de empresas de transporte y pérdida de empleos», ha criticado que, como ha ocurrido con «numerosas medidas estatales», el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no consulta ni busca el consenso con las comunidades».
Además, en cuanto a los 10.500 kilómetros de carreteras competencia de la comunidad andaluza, la Junta no va a aplicar peajes, ya que, a su juicio, teniendo en cuenta la extensión de la región, la movilidad entre las provincias y por ser frontera internacional, sería de «las comunidades más perjudicadas».
Como colofón, ha señalado que la provincia de Cádiz ha estado «machacada durante años» con los peajes y ha apuntado que «no es de recibo que tengamos que volver a sufrirlo».
La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según la documentación publicada en el portal de contrataciones.
El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.
