La eterna lucha de un joven gaditano contra el SAS y un bufete por la muerte de su padre

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Calvario. Así puede definirse lo que lleva años sufriendo un gaditano vecino de San Fernando que se llama Jonathan Aleu.

Jonathan perdió a su padre en el año 2015. Ingresó por unos dolores en el hospital Puerta del Mar de la capital gaditana, fue atendido en Urgencias y posteriormente operado para reajustarle unos tornillos que tenía en las vértebras y que se le habían aflojado. «Se fue poniendo peor, no nos informaban de nada y murió», lamenta tirando de recuerdos imborrables.

Años después del fatal desenlace, en 2018, Jonathan decidió denunciar una posible negligencia médica y puso el caso en manos de un bufete de abogados.

Jonathan, tras interponer la denuncia, estuvo presente en la autopsia que le realizaron a su padre, una autopsia que no reveló los motivos de su muerte. «Fue todo  muy duro, como se puede imaginar», recuerda.

Tras pedir un préstamo al banco gracias a estar seis meses trabajando a través de un plan de empleo en el Ayuntamiento de San Fernando, desembolsar más de 3.000 euros y ver que el tiempo pasaba sin que hubiera movimiento judicial alguno, Jonathan decidía dejar de pagar al bufete de abogados y denunciarlo en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando.

Estamos en 2022 y Jonathan sigue a la espera de una solución para «poder cerrar el luto» por la muerte de su padre. Eterna lucha contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y contra el bufete de abogados.

El informe pericial concluyó que su padre falleció por el Nolotil que le dieron en Urgencias, un medicamento al que era alérgico, y que le fue suministrado también en quirófano.

Y es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando el que lleva la instrucción del caso abierto. Se está a la espera de que la jueza se pronuncie.

Según este vecino de San Fernando, la perito judicial desmontó la coartada del bufete de abogados: «Dijeron que no me conocían de nada, pero la perito manifestó que había realizado el trabajo y que había cobrado tan solo 800 euros de los 2.800 acordados».

Jonathan se puso en contacto con otro bufete de Cádiz, que le confirmó que no había ninguna actuación judicial y le añadió, además, que el caso había prescrito.

Y es que había pasado un año, tiempo en el que prescribe este tipo de casos, y era tarde para solicitar una indemnización por negligencia médica.

«Yo solo quería saber qué le había pasado a mi padre. Y se han aprovechado de esta situación», lamenta con comprobantes de pago a los abogados en la mano y el presupuesto que recibió, las conversaciones vía WhatsApp y los correos electrónicos intercambiados sobre la mesa.

El bufete de Málaga Soluciones de la Abogacía CYM, que ha cambiado en varias ocasiones de nombre y actualmente parece estar detrás de Derecho Urbanístico, ha asegurado por activa y por pasiva que no ha habido irregularidades en el caso y que se le ofreció a Jonathan reclamar como homicidio imprudente grave, algo que rechazó.

“Luchando contra esta situación me detectaron hasta un tumor en un testículo y tuvieron que operarme«, lamenta Jonathan. «Se me ha juntado todo y quiero cerrar el capítulo del luto de mi padre de una vez por todas», suspira sin ver la luz al final del túnel.

«Por un lado tengo la gran pena de no haber hecho justicia en la muerte de mi padre. Y, por otro, estoy obligado a tener que seguir con la lucha para recuperar al menos el dinero que entiendo me estafó el bufete de abogados. «Que la justicia tome ya una decisión, no haya más afectados y pueda cerrar el luto de una vez»», concluye con lamento. Lo dicho, un calvario.