El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de la provincia de Cádiz se ha unido a la huelga indefinida iniciada hoy por el colectivo en toda Andalucía para exigir al Gobierno andaluz que se ponga fin a su situación “dramática” de precariedad laboral, que afirman que es consecuencia de la privatización de este servicio por parte de la Junta Andalucía y que, por tanto, es “cómplice” de esta realidad en detrimento de la calidad de la enseñanza y de la inclusión del alumnado con necesidades especiales con el que el colectivo trabaja en los centros educativos públicos.
En la provincia gaditana este colectivo está integrado por unos 300 trabajadores, en su mayoría mujeres. Muchas de ellas se desplazan hasta Sevilla hoy, donde los PTIS andaluces plantean una “concentración silenciosa” en las inmediaciones de la Consejería de Desarrollo Educativo para exigir a la Junta de Andalucía que tome cartas en el asunto.
No es la primera movilización que realizan para reclamar soluciones, que pasan “por algo tan esencial como el cumplimiento del convenio colectivo” por parte de la empresa gallega Osventos, la última a la que la Junta de Andalucía le adjudicó este servicio. Una empresa de tantas que se han hecho cargo del servicio en los últimos 20 años y que, como las demás, “hace lo que quiere”.
Ya se concentraron frente a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz el pasado 27 de octubre y también el 7 de noviembre, advirtiendo en ambos casos de que no descartaban una huelga indefinida que finalmente ha llegado.
Los representantes sindicales del colectivo de monitores de educación especial han venido señalando que no van a parar hasta que se dé solución a una situación que es “de derechos mínimos del trabajador”. Como vienen explicando, ningún PTIS de la provincia gaditana tiene jornada completa, a lo que se suma que la empresa adjudicataria no reconoce las tablas salariales recogidas en el convenio colectivo, tampoco reconoce el complemento de antigüedad y ni si quiera les garantiza que vayan a cobrar las vacaciones. Igualmente, se quejan de atrasos en las nóminas y de que algunos monitores han visto aumentada su jornada laboral de tres a cinco horas “cobrando lo mismo y sin que se refleje en la vida laboral”.
A juicio del colectivo, la Junta de Andalucía tiene la obligación de ser “vigilante” y de garantizar que las empresas adjudicatarias cumplen estos mínimos, así como las condiciones recogidas en los pliegos. Sin embargo, lamentan que “la Junta ni si quiera se presentó ayer en el Sercla previo a la huelga indefinida”, al que solo asistieron empresa y representantes de los trabajadores y que culminó sin acuerdo.
Sin atención a los más vulnerables
Una de las afectadas de esta situación es Leonor Jiménez, integradora social en el Colegio Santa Teresa de la capital gaditana. Como ha relatado a Cádiz Directo, han llegado a la huelga indefinida porque “no podemos más” después de 20 años y ha advertido de que “no vamos a parar” hasta conseguir unas condiciones “dignas”, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la calidad del servicio que prestan en los colegios públicos ayudando a niños y niñas con discapacidad.
Con la huelga indefinida ha quedado “al descubierto” la importante labor que desempeñan en los colegios públicos gaditanos. Un trabajo en beneficio de niños y niñas con discapacidad, bien sea porque están en silla de ruedas, porque tienen síndrome de Down, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, enfermedades raras, etcétera.
Como explica Leonor, se trata de niños y niñas “con muchas necesidades”. En algunos casos no pueden comer o ir solos al baño, o necesitan apoyo en sus tareas. A partir de hoy, y mientras dure la huelga, tendrá que hacerse cargo de esas tareas el padre o la madre del menor. Por ello, algunos padres se han concentrado a las puertas de su colegio, ya que “los pueden llamar en cualquier momento”.
Finalmente, ha subrayado que las reivindicaciones del colectivo son tan básicas como que les paguen “lo que pone el convenio y no por horas, como está haciendo ahora la empresa adjudicataria”, que les abonen la nómina del 1 al 5 de cada mes, que se respete el derecho a vacaciones retribuidas y, en definitiva, “que se respeten las condiciones del convenio colectivo”. En este sentido, lamenta que la Junta de Andalucía “esté permitiendo todo esto”, con lo que se convierte en “cómplice” de la situación.
