Acusan al Ayuntamiento de Cádiz de ocultar información sobre ayuda a domicilio mientras presume de cifras
Adelante Izquierda Gaditana sostiene que el comité no recibió los datos difundidos por el Consistorio y recuerda que más de 600 personas continúan en lista de espera para acceder al servicio
La polémica en torno al servicio de ayuda a domicilio de Cádiz continúa creciendo. Un día después de que el Ayuntamiento difundiera un balance en el que destacaba el incremento de personas usuarias atendidas, las horas prestadas y el refuerzo de plantilla, Adelante Izquierda Gaditana ha respondido acusando al equipo de Gobierno de ofrecer una imagen “triunfalista” mientras mantiene, a su juicio, una política de opacidad hacia las trabajadoras y sus representantes.
La portavoz adjunta de la formación, Helena Fernández, ha criticado especialmente que el teniente de alcalde de Asuntos Sociales, Pablo Otero, trasladara estos datos a los medios de comunicación sin haber informado previamente al comité de empresa, precisamente el mismo día en que las trabajadoras se concentraban ante la Delegación de Asuntos Sociales para reclamar la municipalización del servicio.
“Es una falta de respeto absoluta a las trabajadoras y a sus representantes. Mientras el comité está en la puerta reivindicando la municipalización y denunciando problemas, el Gobierno municipal decide dirigirse primero a los medios para vender una imagen triunfalista de la gestión”, ha lamentado Fernández.
Adelante sostiene que parte de los datos difundidos por el Ayuntamiento afectan directamente a cuestiones laborales que, según la normativa vigente, deben ser conocidas por la representación de las trabajadoras.
En este sentido, Fernández denuncia que el comité sigue sin recibir información sobre las nuevas incorporaciones realizadas por la empresa concesionaria. Según explica, ni siquiera se habría facilitado copia de los contratos formalizados por Óbolo pese a existir una resolución de la Inspección de Trabajo sobre esta cuestión.
“Estamos hablando de una cuestión que no es opcional ni una mera cortesía institucional; existe una obligación de informar al comité. Resulta muy grave que se ignore una resolución de la Inspección de Trabajo y que se actúe con esta opacidad”, ha afirmado.
“Si los datos son buenos, serían mejores con la municipalización”
La portavoz adjunta también ha cuestionado el discurso del equipo de Gobierno sobre los resultados obtenidos desde la adjudicación del servicio. A su juicio, las cifras difundidas por el Ayuntamiento no invalidan la propuesta de municipalización que vienen defendiendo tanto las trabajadoras como distintas formaciones políticas.
“Si los datos son muy buenos, según Pablo Otero, pues imagina si se municipaliza el servicio, donde no hay beneficio industrial ni beneficio para la empresa. Entonces estaríamos hablando de unos datos aún mejores”, ha señalado.
Para Adelante, la gestión directa permitiría destinar más recursos al propio servicio y mejorar tanto la atención a las personas usuarias como las condiciones laborales de la plantilla.
Uno de los principales reproches de la formación se refiere a los datos que, según denuncian, el Ayuntamiento omitió en su balance público.
Fernández considera que el equipo de Gobierno ha puesto el foco en el número de altas registradas desde agosto de 2025, pero ha evitado hablar de la demanda pendiente de atención.
“Al concejal de Asuntos Sociales se le ha olvidado hablar de la lista de espera. Ha dado únicamente el dato de nuevas personas usuarias incorporadas al servicio, pero no ha informado a los medios de que existe una lista de espera de más de 600 personas, y muchas de ellas llevan más de un año esperando a ser dadas de alta”, ha denunciado.
La edil añade que a esta situación se suman las reclamaciones que, según asegura, reciben diariamente usuarios y familiares relacionados con el funcionamiento del servicio.
“¿Está realmente fiscalizando el trabajo de la empresa?”
Adelante considera que el debate no debe centrarse únicamente en las cifras ofrecidas por la concesionaria, sino en el control efectivo que realiza el Ayuntamiento sobre la ejecución del contrato.
Por ello, Helena Fernández ha lanzado una pregunta directa al Gobierno municipal: “¿Está realmente fiscalizando el trabajo de la empresa?”.
La formación sostiene que la labor del Ayuntamiento no puede limitarse a trasladar datos facilitados por la concesionaria, sino que debe garantizar que se cumplen las condiciones laborales, que se atienden correctamente las necesidades de las personas dependientes y que se da respuesta a quienes continúan esperando una prestación esencial.
“Fiscalizar significa comprobar si se están cubriendo todas las necesidades, si las ratios son suficientes, si se cumplen las resoluciones administrativas, si las condiciones laborales son adecuadas y, sobre todo, si se está dando respuesta a quienes esperan una prestación esencial. Porque de poco sirve presumir de cifras cuando hay más de 600 personas esperando y muchas de ellas llevan más de un año sin recibir una ayuda fundamental para su día a día”, ha concluido.