Adelante Andalucía alerta de ratios "insostenibles" en residencias: "Hay riesgo para los mayores"
Adelante Andalucía Cádiz denuncia ratios “insostenibles” y sueldos de 2,26 euros por hora en residencias de mayores
La situación de las residencias de mayores en Adelante Andalucía en Cádiz ha vuelto al centro del debate político tras la denuncia pública de la organización sobre lo que califica como “precariedad estructural” en las plantillas.
El número tres por Cádiz al Parlamento andaluz, David de la Cruz, ha alertado de que el convenio vigente en el sector está “absolutamente caduco” y no responde a las condiciones actuales, una situación que, según sostiene, repercute directamente en la calidad asistencial.
Ratios al límite y turnos nocturnos sin refuerzo
La denuncia se apoya en testimonios recogidos tras una reunión con trabajadores de distintos centros, celebrada junto a Carlos Paradas. Según trasladan, los incumplimientos de ratios de personal son frecuentes, especialmente en turnos nocturnos.
En algunos casos de la Bahía de Cádiz, aseguran que hasta 167 personas usuarias pueden quedar bajo la responsabilidad de un único trabajador durante toda la noche.
Este escenario, apuntan, genera una doble consecuencia: un aumento del estrés laboral en las plantillas y un riesgo evidente para los residentes.
“No se trata solo de condiciones laborales, sino de seguridad y dignidad en la atención”, ha señalado De la Cruz, quien insiste en que estos niveles de carga de trabajo son “absolutamente insostenibles”.
Los profesionales describen jornadas marcadas por la falta de relevo, dificultades para atender incidencias y ausencia de apoyo suficiente en situaciones críticas. La organización sostiene que estos déficits no son casos aislados, sino una constante en buena parte de los centros con plazas concertadas.
Salarios bajos y condiciones sin reconocimiento
A la presión asistencial se suman condiciones salariales que la formación califica de “indignas”. Según los datos expuestos, algunos trabajadores perciben en turnos nocturnos en torno a 2,26 euros por hora.
También denuncian que no se reconocen pluses asociados a factores como toxicidad, peligrosidad o carga mental, pese a la naturaleza del trabajo.
Desde Adelante Andalucía sostienen que el sistema se mantiene “a costa de la vocación” de las plantillas, que continúan desempeñando su labor pese a la falta de reconocimiento económico y profesional.
Igualmente alertan de una cobertura insuficiente en casos de baja laboral, lo que agrava la sobrecarga del resto del personal.
La organización considera que esta situación refleja un modelo de cuidados tensionado, donde la falta de actualización del convenio colectivo impide adaptar las condiciones laborales a la realidad del sector.
“Estamos hablando de quienes cuidan a los más vulnerables”, subrayan, en referencia a las personas mayores residentes.
Responsabilidad política y presión institucional
Adelante Andalucía señala directamente a la Junta de Andalucía como responsable última de esta situación. Argumentan que una parte significativa de las plazas en residencias está financiada mediante conciertos públicos, lo que implica, a su juicio, una obligación directa sobre las condiciones laborales y la calidad del servicio.
“La administración no puede desvincularse de lo que ocurre en centros que financia”, ha afirmado Paradas, quien reclama una intervención más activa para garantizar estándares mínimos tanto en empleo como en atención.
En este contexto, la formación ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento de Andalucía, con el objetivo de impulsar una revisión urgente del convenio y la adopción de medidas estructurales. Entre ellas, plantean reforzar las inspecciones, actualizar ratios de personal y revisar las condiciones económicas del sector.
Más allá de todo ello instan a los sindicatos mayoritarios a intensificar la presión negociadora para situar esta problemática en el centro del debate público.
La organización sostiene que sin cambios profundos, el deterioro del sistema de cuidados continuará afectando tanto a trabajadores como a usuarios.
La denuncia se produce en un momento de creciente atención sobre el modelo residencial en Andalucía, con un sistema que combina gestión privada y financiación pública y que, según Adelante Andalucía, requiere una revisión general para garantizar su sostenibilidad y calidad asistencial.