Adelante Izquierda Gaditana acusa a Bruno García de desatender las normas de transparencia y ética
AIG recuerda que Bruno García prometió en marzo constituir el órgano de control ético en el Ayuntamiento de Cádiz
El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha denunciado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, encabezado por el alcalde Bruno García, sigue sin cumplir con el Reglamento Ético y de Buen Gobierno, aprobado de forma definitiva en junio de 2023.
La coalición sostiene que el alcalde ha “desatendido las normas de transparencia y ética” al no constituir el Consejo de Ética y Buen Gobierno Municipal, un órgano previsto en el propio reglamento y comprometido por el alcalde hace más de seis meses, en el Pleno de marzo.
El documento aprobado por el Pleno el pasado año establece la creación de un sistema de seguimiento y evaluación para garantizar la eficacia de las normas de buen gobierno en el Ayuntamiento. Sin embargo, más de un año después, ese órgano sigue sin estar en funcionamiento.
Durante la sesión plenaria del 27 de marzo, AIG presentó una moción en la que exigía al Gobierno local la constitución inmediata del Consejo de Ética, recordando que el reglamento obliga a promover “la integridad pública, la imparcialidad y la rendición de cuentas” de los responsables políticos.
En aquella ocasión, el alcalde Bruno García respaldó parcialmente la propuesta y se comprometió públicamente a convocar la primera sesión “en un plazo de 30 días” tras su creación.
Según AIG, ese compromiso nunca se cumplió. “Han pasado más de seis meses y seguimos sin noticias del Consejo ni de ninguna iniciativa relacionada con el Reglamento Ético”, denuncia el concejal Demetrio Quirós, quien acusa al alcalde de “incumplir su propia palabra y los principios de transparencia que tanto dice defender”.
Conflictos de intereses y falta de control
El grupo municipal también reprocha al Gobierno de Bruno García su inacción ante posibles conflictos de interés dentro de la Corporación.
En concreto, AIG volvió a señalar el caso de la concejala Ana Sanjuán, responsable de Vivienda y presidenta de Procasa, cuya situación —afirman— “podría contravenir el artículo 11 del Reglamento Ético”, al mantener vínculos familiares con una promotora relacionada con el suelo de Casitas Bajas.
A pesar de que la oposición pidió una reestructuración de competencias para evitar este conflicto, el equipo de Gobierno presentó una enmienda que permitió a Sanjuán mantener sus cargos. AIG considera este episodio “una muestra de la falta de voluntad política para aplicar las normas éticas que el propio Ayuntamiento aprobó”.
El Reglamento Ético también contempla que toda la información relativa al Consejo de Buen Gobierno —su composición, funciones y sesiones— figure en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cádiz.
Sin embargo, AIG denuncia que no se ha publicado ningún avance ni existe registro público de las gestiones realizadas desde marzo.
Durante el pleno, la edil Sanjuán llegó a afirmar que “era necesario avanzar rápido para crear el Consejo”, declaración que fue respaldada por el propio alcalde. No obstante, según AIG, seis meses después todo sigue paralizado, lo que “demuestra la falta de prioridad del Gobierno local en materia de ética institucional”.
Desde Adelante Izquierda Gaditana se insiste en que el cumplimiento del Reglamento Ético es “una obligación democrática y no una cuestión de voluntad política”. El concejal Demetrio Quirós ha exigido al alcalde que convoque de inmediato la constitución del Consejo y que publique su plan de acción en el portal institucional:
“Parece que en el Gobierno de la ciudad no le tienen mucho aprecio a los estándares éticos y de buenas prácticas, mientras seguimos con concejalas que hacen equilibrios entre intereses inmobiliarios y responsabilidades municipales”, declaró Quirós.