Adelante Izquierda Gaditana expresa sus dudas sobre la cesión de Elcano a la UCA tras la denuncia de Autonomía Obrera
La coalición pide revisar el convenio y los pliegos al considerar que pueden afectar a competencias municipales y derechos laborales
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La polémica sobre la gestión de las actividades náutico-deportivas en las instalaciones municipales de Elcano sigue creciendo. Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha anunciado que lleva lo ocurrido al seno del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD)
Después de que Autonomía Obrera denunciara públicamente el expediente promovido por la Universidad de Cádiz (UCA) para contratar servicios técnico-deportivos en espacios vinculados al complejo deportivo municipal, y tras la posterior petición de aclaraciones realizada por el sindicato sobre el alcance del convenio y de las actividades previstas, AIG da este paso en la esfera política.
La formación de izquierdas ha solicitado que quede constancia expresa en acta de las dudas que le suscitan tanto el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz como los pliegos asociados a su desarrollo. Según sostiene AIG, existen cuestiones que requieren una revisión detallada antes de continuar avanzando en la ejecución del expediente.
El debate no es nuevo. La situación fue adelantada hace semanas por Cádiz Directo tras las primeras denuncias realizadas por Autonomía Obrera, organización que cuestionó la contratación promovida por la UCA para desarrollar actividades náutico-deportivas en instalaciones utilizadas por el Instituto Municipal del Deporte.
Posteriormente, el sindicato elevó el tono institucional de sus reclamaciones solicitando formalmente aclaraciones al Ayuntamiento, al IMD y a la propia Universidad sobre el alcance de los servicios incluidos en el expediente, la cobertura jurídica de las actividades y la compatibilidad de las mismas con las competencias municipales.
AIG plantea dudas sobre el reparto de competencias
Durante la reunión del Consejo Rector, el consejero del IMD por Adelante Izquierda Gaditana, Carlos Paradas, defendió la necesidad de analizar en profundidad el contenido del convenio y los efectos que puede tener sobre la gestión de las instalaciones deportivas municipales.
Según expone la formación, resulta necesario determinar si todas las actuaciones previstas se ajustan plenamente al marco competencial existente entre las distintas administraciones implicadas, a los acuerdos de colaboración actualmente vigentes y a las obligaciones que establece la Ley del Deporte de Andalucía para las administraciones públicas y las entidades organizadoras de actividades deportivas.
En este sentido, AIG considera que debe aclararse si algunas de las funciones contempladas en el expediente podrían "coincidir, duplicar o invadir servicios" que actualmente corresponden al propio Instituto Municipal del Deporte, una cuestión que conecta directamente con las advertencias realizadas anteriormente por Autonomía Obrera acerca del posible solapamiento entre servicios municipales ya existentes y los contratados por la Universidad.
Preocupación por el contenido económico del convenio
La coalición también ha puesto el foco en los aspectos económicos de la cesión. El portavoz de AIG, David de la Cruz, expresó su preocupación por el hecho de que el Ayuntamiento ceda unas instalaciones públicas consideradas estratégicas sin que, a juicio de la formación, quede suficientemente acreditada cuál será la contraprestación que recibirá la ciudad por su utilización.
Desde la formación entienden que existe la necesidad de explicar con mayor claridad los beneficios concretos derivados del acuerdo y los mecanismos de compensación previstos. En este contexto, De la Cruz advierte de que la cesión podría traducirse en una pérdida de ingresos potenciales y de capacidad de gestión sobre equipamientos sostenidos con recursos públicos si no existe una evaluación transparente de los retornos económicos y sociales que generará para Cádiz.
AIG considera que cualquier acuerdo de estas características debe estar acompañado de información pública suficiente que permita conocer con exactitud las obligaciones asumidas por cada una de las partes y las ventajas que reportará a la ciudadanía.
Uno de los elementos que más relevancia ha adquirido durante las últimas semanas es el relacionado con la situación de los trabajadores vinculados a la actividad deportiva desarrollada en el complejo Elcano.
Tras mantener contactos con representantes de los trabajadores, Adelante Izquierda Gaditana asegura haber recibido información sobre posibles irregularidades y sobre situaciones que podrían afectar a derechos laborales. La formación sostiene que estas cuestiones deben ser analizadas antes de que el expediente continúe avanzando.
Precisamente este fue uno de los principales argumentos esgrimidos por Autonomía Obrera en sus comunicados. El sindicato manifestó inicialmente su preocupación por las condiciones laborales que podrían derivarse de la contratación impulsada por la Universidad y, posteriormente, reclamó la verificación de todas las garantías relacionadas con la cualificación profesional, la coordinación operativa, la seguridad de las actividades, las coberturas de responsabilidad civil y la correcta aplicación de la normativa deportiva.
Ahora, la entrada de AIG en el debate político amplía el foco de la discusión, incorporando a la controversia cuestiones relacionadas tanto con la protección de los derechos laborales como con la gestión de recursos públicos y el reparto competencial entre administraciones.
Como conclusión, Adelante Izquierda Gaditana reclama una revisión exhaustiva tanto del convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz como de los pliegos asociados a su ejecución.
La formación considera que las dudas detectadas tras el análisis de la documentación justifican la necesidad de extremar las garantías jurídicas antes de continuar con la tramitación del expediente. Por ello, solicitó formalmente durante el Consejo Rector que quedara reflejada en acta su preocupación por el contenido del convenio y por los efectos que podrían derivarse de su aplicación.