Adelante Izquierda Gaditana pide una Comisión de Investigación por los “protocolos de la vergüenza” en Cádiz
La coalición llevará al Pleno una moción tras las denuncias del comité de Parques y Jardines y la confirmación de la Apdha sobre desalojos de personas sin hogar
El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana solicitará en el próximo Pleno ordinario del 26 de febrero la creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las denuncias sobre la existencia de protocolos dirigidos al desalojo de personas sin hogar en distintos espacios públicos de la ciudad.
La iniciativa llega después de que el comité de empresa del servicio de Parques y Jardines denunciara públicamente la aplicación de lo que denominó el “protocolo de la vergüenza”, un procedimiento que, según los representantes sindicales, implica la presencia conjunta de operarios y Policía Local en zonas donde pernoctan personas sin hogar y la retirada de mantas y enseres personales.
Desde la formación liderada por David de la Cruz sostienen que la gravedad de los hechos denunciados exige algo más que explicaciones públicas. “La gravedad de las denuncias y la posible vulneración de derechos fundamentales exigen no sólo explicaciones públicas, sino una investigación rigurosa y transparente que permita esclarecer los hechos y, en su caso, asumir las responsabilidades políticas correspondientes”, defienden.
Adelante subraya que la ciudadanía “merece saber qué instrucciones se han dado, quién las ha ordenado, bajo qué cobertura jurídica y con qué criterios”, y considera que la negativa del equipo de Gobierno de Bruno García a reconocer los hechos no puede sustituir a la transparencia institucional.
La confirmación de la Apdha
La petición de la coalición se produce tras la intervención de la APDHA en Cádiz, que ha confirmado, según Adelante, “sin margen de duda” la existencia de un protocolo orientado al desalojo de personas en situación de calle y a la retirada de sus pertenencias.
Para la formación de izquierdas, estos hechos supondrían “una actuación institucional inaceptable, contraria a los derechos fundamentales y a la dignidad de personas que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social”. La retirada y posible destrucción de enseres, añaden, podría implicar una vulneración de derechos básicos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
Una polémica que no se cierra
La controversia se inició semanas atrás con la denuncia del comité de empresa, que calificó el procedimiento como “ilegal e inhumano”. Posteriormente, la empresa adjudicataria negó haber dado órdenes de desalojo, mientras el Ayuntamiento defendió que se trata del mismo procedimiento aplicado desde hace años y rechazó cualquier actuación de hostigamiento.
En paralelo, el PSOE acusó al alcalde de ignorar durante meses las advertencias de los trabajadores y colectivos sociales como el Movimiento Nadie Sin Hogar y la Asociación Despertares pidieron la dimisión del concejal de Bienestar Social tras las cuatro muertes registradas en enero.
Ahora, Adelante eleva la presión institucional y reclama que la futura Comisión de Investigación analice la existencia, alcance y aplicación de los denominados “protocolos de la vergüenza”, además de citar a responsables políticos y técnicos, así como a representantes sindicales y de la APDHA.
“Un Ayuntamiento democrático no puede permitir que actuaciones que afectan a los derechos humanos de las personas más vulnerables queden envueltas en la opacidad o la negación”, concluyen desde la coalición.