Adelante ve un "varapalo político" para Bruno García en la carta del Gobierno sobre el Teatro Pemán
La concejala Vanessa Sibón sostiene que el requerimiento del Gobierno desmonta la defensa del Ayuntamiento y pide renunciar a la denominación
La primera reacción política al requerimiento remitido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática al Ayuntamiento de Cádiz no se ha hecho esperar. Adelante Izquierda Gaditana considera que la comunicación del Gobierno supone "un auténtico varapalo político" para el alcalde, Bruno García, y para la concejala de Cultura, Maite González, al cuestionar la recuperación del nombre Teatro José María Pemán para el recinto del Parque Genovés.
La concejala Vanessa Sibón ha asegurado que la carta "desmonta por completo el relato construido por Bruno García y Maite González", a quienes acusa de haber intentado "disfrazar de decisión cultural" lo que, a su juicio, es "un intento de restituir honores públicos a una figura estrechamente vinculada con el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista".
Sibón sostiene que el requerimiento del Gobierno central confirma las advertencias realizadas por su formación y por los colectivos memorialistas desde que el Ayuntamiento anunció la recuperación de la denominación Teatro José María Pemán.
"El Gobierno ha sido rotundo. Mantener una denominación honorífica dedicada a José María Pemán en un espacio público es incompatible con la Ley de Memoria Democrática", ha señalado la edil.
Adelante reclama ahora al alcalde que atienda el requerimiento, renuncie definitivamente al nombre de Teatro Pemán y abandone cualquier iniciativa encaminada a restituir honores o reconocimientos públicos incompatibles con la legislación memorialista.
La moción que ya llevó al Pleno
La formación recuerda que ya llevó esta cuestión al Pleno municipal de junio mediante una moción en la que exigía al equipo de gobierno el cumplimiento estricto de la Ley de Memoria Democrática, reclamaba mantener la denominación Teatro del Parque y advertía de que ningún reconocimiento institucional podía recaer sobre personas cuya trayectoria resultara incompatible con los valores democráticos.
Según Sibón, el Partido Popular "rechazó escuchar" aquellas advertencias y también las del movimiento memorialista. Ahora, añade, es el propio Ejecutivo central quien recuerda al Ayuntamiento que está obligado a cumplir la ley.
Un mes para responder
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha solicitado al Ayuntamiento que revise la decisión adoptada y que informe en el plazo de un mes de las actuaciones realizadas, de los criterios jurídicos e históricos considerados y de las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de la Ley 20/2022.
Para Adelante, esa comunicación obliga al gobierno local a rectificar. "Las instituciones están obligadas a preservar la memoria democrática, no a rehabilitar a quienes contribuyeron a destruirla", ha concluido Sibón.