Adelante Izquierda Gaditana acusa al alcalde de Cádiz de “pasar de puntillas” ante el conflicto por las listas negras en el metal
El concejal Carlos Paradas reprocha Bruno García su pasividad y su negativa a mediar con Navantia para la contratación de los trabajadores que las denuncian
El conflicto por las “listas negras” en el sector del metal en Cádiz ha sumado un nuevo choque político. Adelante Izquierda Gaditana (AIG), a través del concejal Carlos Paradas, ha acusado al alcalde de Cádiz Bruno García de actuar con “pasividad” ante la situación de los trabajadores Manuel Balber y Jesús Galván, que continúan subidos a una grúa en Navantia San Fernando.
La formación reprocha al Ayuntamiento no haber asumido un papel más activo para mediar con Navantia Cádiz y sus subcontratas con el objetivo de facilitar la contratación de ambos trabajadores, en un momento en el que el sector atraviesa una etapa de alta carga de trabajo.
Carlos Paradas ha lamentado públicamente que el alcalde de Cádiz haya ignorado la propuesta planteada por su formación en la última Mesa Municipal por el Empleo, donde se instó al Ayuntamiento a intervenir de forma activa ante las empresas con capacidad de contratación.
Según sostiene el concejal, la prioridad debía haber sido impulsar una mediación directa con Navantia y con sus auxiliares para favorecer la reincorporación laboral de Manuel Balber y Jesús Galván, que llevan ya una semana subidos a una grúa como medida de protesta frente a los vetos laborales que denuncian en el sector del metal gaditano.
Desde AIG consideran que el Gobierno local ha optado por una respuesta insuficiente, desviando el foco hacia otras administraciones en lugar de actuar de forma inmediata sobre los actores que, a su juicio, tienen capacidad real de influir en la contratación.
La sentencia judicial, en el centro del argumento
Paradas ha recordado además que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que situó los despidos de ambos trabajadores en un contexto de represalia sindical.
Para el edil, este elemento judicial refuerza la gravedad del caso y demuestra que no se trata de una simple controversia laboral, sino de una situación con antecedentes ya valorados por los tribunales.
En este sentido, ha defendido que estamos ante un hecho suficientemente acreditado como para exigir una reacción institucional más firme y decidida.
Desde Adelante Izquierda Gaditana sostienen que el alcalde ha preferido realizar gestos de carácter institucional antes que implicarse de manera efectiva en la resolución del conflicto.
La formación critica que Bruno García haya instado al Ministerio de Trabajo a estudiar soluciones para estos dos trabajadores, cuando, a su juicio, lo urgente era señalar directamente a quienes tienen capacidad de contratación en el entorno industrial de la Bahía.
AIG también ha cargado contra la postura de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, a la que reprocha no solo negar la existencia de listas negras en el sector del metal, sino haberse negado a participar en este debate en la Mesa Municipal por el Empleo. Esa posición, según la formación, también fue secundada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz (AJE).
Asimismo, el concejal ha lamentado la ausencia tanto de Navantia como de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA) en la reunión celebrada esta semana, al considerar que su falta de presencia refleja una preocupante falta de compromiso para buscar soluciones reales.
Alta carga de trabajo y protesta en la grúa
Paradas ha vinculado además este conflicto con la actual situación del sector, recordando la fuerte demanda de profesionales cualificados y la oferta internacional de empleo existente en torno a Navantia.
Desde AIG insisten en que resulta especialmente grave que trabajadores como Manuel Balber y Jesús Galván, a los que atribuyen una alta cualificación profesional, continúen sin poder acceder a empleo en la provincia.
La situación de ambos se ha convertido en uno de los símbolos más visibles del conflicto laboral en el metal gaditano. Su protesta, mantenida desde lo alto de una grúa, ha elevado la presión política y sindical en torno a un caso que sigue abierto y sin una solución inmediata.