Alquilaban casas en Cádiz y las vendían sin que sus verdaderos propietarios lo supieran
La operación Cuco destapa un sistema basado en identidades suplantadas, documentos falsificados y poderes notariales obtenidos de forma fraudulenta para cerrar compraventas sin conocimiento de los propietarios
Síguenos en Google
Una vivienda puesta en alquiler podía ser el primer paso de una operación mucho más grave. La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta participación dentro de lo que es una trama que conseguía acceder a inmuebles de la provincia de Cádiz como arrendataria para, con posterioridad, venderlos a terceros sin permiso de sus verdaderos propietarios.
Los arrestos se han practicado en Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, dentro de la denominada operación Cuco, desarrollada por la UDEF de Cádiz.
La investigación atribuye a los detenidos presuntos delitos de estafa, falsedad documental así como usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
El procedimiento investigado no se limitaba a anunciar una propiedad ajena: requería encadenar diferentes actuaciones para que una compraventa aparentemente normal pudiera llegar a formalizarse.
El alquiler era la puerta de entrada a las viviendas
Según la investigación policial, el proceso comenzaba localizando inmuebles disponibles para alquilar. Los sospechosos mostraban interés por esas viviendas y recurrían a identidades usurpadas durante los trámites necesarios para conseguir el arrendamiento.
La suplantación afectaba tanto a propietarios como a terceras personas relacionadas con los actos jurídicos posteriores.
Una vez obtenido el acceso al inmueble, comenzaba la búsqueda de compradores. Los investigadores señalan que se dirigían principalmente a sociedades dedicadas a la compraventa de propiedades.
El precio constituía otro elemento del método. Las viviendas eran ofrecidas por cantidades suficientemente atractivas para despertar el interés de potenciales compradores, aunque, según la Policía, evitando rebajas tan llamativas que pudieran provocar dudas sobre la legalidad de la operación.
Poderes notariales y documentación falsa para aparentar una venta legal
El punto decisivo llegaba cuando había que acreditar que quienes intervenían estaban autorizados para vender. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene que los implicados obtenían fraudulentamente poderes notariales para actuar en representación de los auténticos propietarios.
Con esos poderes, documentación falsificada e identidades suplantadas podían aparentar ante las notarías que se encontraban ante una operación legítima.
De esta manera, las compraventas se formalizaban presuntamente sin que el dueño real del inmueble hubiera dado autorización ni tuviera conocimiento de la transacción.
El circuito continuaba después de cerrar la venta. El dinero obtenido era ingresado en cuentas bancarias que habían sido abiertas previamente utilizando también identidades usurpadas.
Ese mecanismo permitía a los investigados disponer de los fondos procedentes de las operaciones.
Declaraciones y reconocimientos permitieron reconstruir el sistema
La investigación reunió declaraciones, reconocimientos fotográficos y otras pruebas que permitieron a los agentes reconstruir las distintas fases de las presuntas estafas y obtener indicios contra los investigados.
El dispositivo policial buscaba localizar a los responsables y frenar la continuidad de las operaciones para evitar nuevos perjuicios a propietarios.
Los tres arrestados fueron localizados en los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca. La Policía señala que cuentan con numerosos antecedentes policiales, entre ellos por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública.
La operación Cuco forma parte de las investigaciones policiales contra estructuras especializadas en delincuencia económica y patrimonial.
En este caso, la combinación investigada de alquileres, suplantación de identidad, documentación falsa, poderes notariales y cuentas bancarias abiertas con datos ajenos habría permitido convertir viviendas de terceros en objeto de compraventas realizadas sin consentimiento de sus legítimos propietarios.