Aplazado el juicio por el accidente del autobús de Cádiz que dejó cuatro muertos, la Audiencia tendrá que fijar una nueva fecha
La vista estaba prevista para los días 22 y 23 de septiembre. El cambio de abogado del conductor ha motivado la suspensión de un proceso en el que la Fiscalía reclama cinco años de prisión para cada uno de los dos acusados
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El juicio por uno de los accidentes más graves ocurridos en Cádiz en los últimos años tendrá que esperar.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha aplazado la vista por el siniestro del autobús que el 9 de octubre de 2023 acabó con la vida de cuatro personas y causó varios heridos en la avenida de Las Cortes.
El proceso debía comenzar el 22 de septiembre, pero el cambio de abogado del conductor ha obligado a modificar los planes. El tribunal deberá señalar ahora una nueva fecha.
Un cambio en la defensa obliga a retrasar el juicio por el accidente del autobús en Cádiz
La vista oral estaba programada inicialmente para los días 22 y 23 de septiembre ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
El nuevo abogado del conductor solicitó su suspensión al considerar que necesitaba más tiempo para estudiar y preparar la defensa debido al volumen de las actuaciones.
La petición no encontró oposición por parte de la Fiscalía ni de varios de los letrados personados y fue aceptada por el tribunal.
El aplazamiento deja pendiente uno de los pasos judiciales más relevantes desde aquel 9 de octubre de 2023.
El autobús entraba en la capital gaditana por el entorno del puente de la Constitución de 1812 cuando perdió el control, atravesó la calzada e invadió la acera en la zona de la avenida de Las Cortes.
Tres personas, de 17, 19 y 60 años, murieron inicialmente como consecuencia del atropello. Un hombre de 86 años que había resultado gravemente herido falleció dos días después en el Hospital Universitario Puerta del Mar, elevando a cuatro el balance de víctimas mortales.
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para cada acusado
En el procedimiento están acusados el conductor del vehículo y el empresario responsable del autobús. La Fiscalía solicita para cada uno cinco años de prisión al atribuirles cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave.
También reclama indemnizaciones para los perjudicados que, en conjunto, superan los 500.000 euros.
Una parte esencial de la acusación se centra en el estado del sistema de frenado. Según el escrito del Ministerio Fiscal, el vehículo presentaba anomalías en los frenos desde 2021.
En la inspección técnica realizada el 18 de agosto de 2023 obtuvo un resultado favorable, aunque se detectó un desequilibrio en las fuerzas de frenado considerado entonces una deficiencia leve que debía repararse en un plazo de dos meses.
La Fiscalía sostiene que esa deficiencia no fue corregida y que posteriormente se realizó una manipulación en el sistema de frenado del eje trasero.
Siempre según la acusación, esa intervención redujo todavía más la eficacia de los frenos hasta generar unas condiciones que impedían que el vehículo circulase con seguridad. Estas circunstancias forman parte de la tesis que tendrá que ser examinada durante el juicio.
La conducción del autobús, otra de las claves del proceso
La acusación también pone el foco sobre la actuación del conductor durante aquella jornada. El Ministerio Fiscal afirma que no había completado el descanso semanal obligatorio de 45 horas y que, antes de dirigirse a Cádiz, había realizado por la mañana un transporte escolar entre Medina Sidonia y Barbate.
Con posterioridad recogió en Jerez de la Frontera a 23 estudiantes que se dirigían a la Facultad de Medicina de Cádiz.
Según el escrito fiscal, el autobús inició el tramo descendente del puente alrededor de las 15.43 horas a 105 kilómetros por hora.
La Fiscalía atribuye al acusado una conducción “desatenta y distraída” y sostiene que no adaptó la velocidad al estado del vehículo y de la vía pese a conocer las deficiencias del sistema de frenado.
La reconstrucción incluida en la acusación mantiene además que, incluso con la capacidad de frenado reducida, una maniobra realizada con la presión adecuada habría permitido detener el autobús antes de que se produjeran los atropellos.
Será la Audiencia Provincial la que deba valorar estas afirmaciones, las pruebas y los argumentos de las defensas cuando se celebre finalmente una vista que, por el momento, permanece sin nueva fecha.