Atacar a una patrullera ya podría acabar con una acusación por piratería: el cambio que prepara la Fiscalía
Fiscalía endurece la respuesta contra las narcolanchas y buscará acusar de piratería los ataques a agentes
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La Fiscalía Especial Antidroga, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera afrontarán con una nueva estrategia jurídica los ataques protagonizados por tripulantes de narcolanchas durante operaciones contra el tráfico de drogas.
El Ministerio Público ha ordenado que todos los episodios violentos sufridos por los agentes queden documentados con el máximo detalle para estudiar, además de los delitos habituales relacionados con el narcotráfico, la posible acusación por piratería cuando concurran los requisitos previstos en el Código Penal.
Antidroga pide reforzar la recogida de pruebas en cada intervención
La instrucción remitida por la Fiscalía Especial Antidroga solicita a las fuerzas de seguridad que los atestados incorporen una descripción exhaustiva de cualquier acometida realizada desde embarcaciones empleadas para actividades de narcotráfico.
El objetivo es que cada procedimiento incluya fotografías, grabaciones y cualquier otro elemento de prueba que permita reconstruir con precisión la actuación de los sospechosos.
Con esa documentación, los fiscales podrán valorar si los hechos encajan no solo en delitos contra la salud pública o de atentado a la autoridad, sino también en el tipo penal de piratería.
La decisión supone un cambio en el enfoque con el que se perseguían hasta ahora este tipo de acciones violentas en el mar.
La Fiscalía considera que durante los últimos años se ha producido un incremento de los ataques cometidos mediante embarcaciones de alta velocidad contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y contra efectivos de Vigilancia Aduanera.
Según el criterio del Ministerio Público, la respuesta penal aplicada hasta el momento no siempre ha resultado suficiente para afrontar unas conductas que ponen en riesgo la navegación y la integridad física de los agentes.
El delito de piratería gana protagonismo en la lucha contra el narcotráfico marítimo
La interpretación que impulsa Antidroga parte del artículo 616 ter del Código Penal, dedicado al delito de piratería.
La Fiscalía sostiene que su aplicación no debe limitarse exclusivamente a hechos ocurridos en aguas internacionales, sino que el propio texto legal hace referencia al mar sin distinguir entre distintos espacios marítimos.
Ese criterio abre la puerta a valorar esta figura penal también en actuaciones desarrolladas dentro de aguas bajo soberanía española cuando los hechos afecten gravemente a la seguridad marítima.
La Fiscalía recuerda además que otros ordenamientos jurídicos europeos contemplan interpretaciones similares para proteger la navegación frente a ataques especialmente violentos.
Desde la perspectiva del Ministerio Público, el elemento determinante no sería únicamente el lugar donde se produce la acción, sino el bien jurídico protegido y la gravedad de la conducta desarrollada por los responsables de las embarcaciones utilizadas para el transporte de droga.
Un contexto de creciente presión sobre las organizaciones del narcotráfico
Las narcolanchas se han convertido en uno de los principales instrumentos utilizados por las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes en el litoral del sur de España.
Su elevada velocidad y capacidad de maniobra complican las labores de persecución y han dado lugar en los últimos años a numerosos episodios de riesgo durante las operaciones policiales.
La nueva directriz pretende que cada actuación quede respaldada por pruebas suficientes para sostener en los tribunales una respuesta penal más contundente cuando los traficantes empleen la violencia contra los agentes durante las persecuciones o intenten embestir las embarcaciones oficiales.
La medida se enmarca dentro del refuerzo de la estrategia contra el narcotráfico marítimo y busca que la calificación jurídica de estos hechos refleje no solo la actividad relacionada con el transporte de drogas, sino también el peligro generado para la seguridad de la navegación y para quienes participan en las operaciones de vigilancia y persecución.
Si los fiscales consideran que concurren todos los elementos exigidos por la legislación penal, las investigaciones podrán incorporar la acusación por piratería junto al resto de delitos que correspondan en cada caso, elevando así la respuesta judicial frente a algunos de los episodios más graves registrados durante las actuaciones contra las organizaciones criminales que operan en el mar.