CCOO denuncia que la concesionaria del autobús de Cádiz incumple una sentencia firme
El sindicato exige que se respete el derecho a conocer los horarios con dos semanas de antelación
El transporte urbano de Cádiz vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la denuncia de CCOO, que acusa a la empresa Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca de desoír una sentencia judicial firme ratificada por el TSJA. La organización sindical alerta de que la plantilla continúa sin recibir con antelación la información sobre sus turnos, pese a que así lo establece la justicia.
El conflicto tiene su origen en un fallo del Juzgado de lo Social nº2 de Cádiz, posteriormente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En esta resolución se reconoce el derecho de los trabajadores a conocer su planificación laboral con al menos dos semanas de antelación.
Este derecho no solo implica conocer los días de trabajo, sino también los horarios concretos de inicio y finalización de cada jornada. Sin embargo, según denuncia CCOO, la empresa sigue sin cumplir esta obligación, incluso tras la emisión de una orden de ejecución judicial.
Desde el sindicato consideran que esta situación supone una desobediencia clara a la autoridad judicial y un incumplimiento reiterado de las condiciones laborales.
La falta de información anticipada sobre los turnos está teniendo un impacto directo en la vida de los trabajadores. Según explica CCOO, la imposibilidad de organizar con tiempo su agenda dificulta gravemente la conciliación de la vida laboral y familiar.
Esta situación genera incertidumbre y estrés en la plantilla, que se ve obligada a adaptarse constantemente a cambios sin margen de planificación. Para el sindicato, se trata de una vulneración de derechos fundamentales.
Además, la organización sindical muestra su preocupación por el contexto en el que se produce este conflicto, coincidiendo con el proceso de licitación del servicio de transporte urbano de Cádiz.
Advertencia y presión sindical
CCOO ha instado a la empresa a modificar de inmediato su comportamiento y cumplir con lo establecido en la sentencia. En este sentido, advierte de que, si persiste el incumplimiento, podrían derivarse consecuencias legales más graves.
El sindicato insiste en que no permitirá que se sigan vulnerando los derechos de la plantilla y asegura que seguirá recurriendo a todas las herramientas legales disponibles para garantizar el cumplimiento de la resolución judicial.