CCOO se moviliza en Cádiz tras la agresión a una profesora y reclama más protección en las aulas
El sindicato exige respaldo jurídico y psicológico para la docente, pide revisar los protocolos frente a las agresiones y reclama a la Fiscalía que los hechos reciban la respuesta penal correspondiente a la condición de autoridad pública del profesorado
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La agresión sufrida por una profesora el 17 de septiembre ha provocado la movilización de CCOO Enseñanza Cádiz, que este viernes ha participado junto a miembros de la comunidad educativa en una concentración de rechazo a la violencia en los centros escolares.
Según la información facilitada por el sindicato, la docente fue víctima de una agresión física y verbal por parte de un alumno mientras ejercía sus funciones.
La organización reclama ahora una respuesta inmediata de la Consejería de Educación y medidas que refuercen la protección del profesorado.
La protesta ha servido también para trasladar públicamente el apoyo a la trabajadora afectada. CCOO considera necesario que disponga desde el primer momento de asistencia jurídica, administrativa y psicológica y que su recuperación se desarrolle con las garantías correspondientes en materia de salud laboral.
La legislación andaluza reconoce al profesorado la condición de autoridad pública. La Ley 3/2021 establece además el derecho a la asistencia jurídica y psicológica por hechos derivados del ejercicio profesional. Este marco fue desarrollado posteriormente por el Decreto 209/2025, que regula el sistema de protección y los procedimientos para acceder a ese apoyo.
CCOO pide que se estudie la calificación penal de la agresión
Una de las principales reclamaciones planteadas por el sindicato afecta a la respuesta judicial ante lo ocurrido. CCOO Enseñanza Cádiz pide que la Fiscalía y los tribunales valoren los hechos teniendo en cuenta la condición de autoridad pública que la normativa reconoce al personal docente.
La organización sindical reclama concretamente que la agresión sea calificada como delito de atentado contra la autoridad. Esa petición corresponde al posicionamiento de CCOO; la determinación de la calificación jurídica aplicable dependerá de las circunstancias acreditadas y de las autoridades judiciales competentes.
La condición de autoridad pública del profesorado está expresamente recogida tanto en la legislación estatal como en la normativa andaluza.
En los procedimientos para adoptar medidas correctoras, además, los hechos constatados directamente por los docentes tienen valor probatorio y presunción de veracidad salvo prueba en contrario.
Expiración Cervera, delegada sindical de CCOO Enseñanza Cádiz en el Campo de Gibraltar, ha trasladado el respaldo de la organización a la profesora y ha señalado que el sindicato la acompañará durante su recuperación y en las actuaciones legales que correspondan.
Más orientación, apoyo educativo y prevención en los centros
La movilización no se limita a reclamar una respuesta ante este caso concreto. CCOO sostiene que los actuales mecanismos frente a las agresiones en el ámbito escolar deben revisarse y plantea reforzar las medidas preventivas.
Entre sus demandas se encuentran la reducción de las ratios en las aulas y el aumento de profesionales dedicados a la orientación y al apoyo educativo.
El sindicato vincula estas medidas a una mayor capacidad de los centros para prevenir situaciones conflictivas y afrontar problemas de convivencia antes de que desemboquen en episodios graves.
También reclama recursos específicos para trabajar la resolución pacífica de conflictos y evitar que docentes y otros integrantes de la comunidad educativa afronten estas situaciones sin suficiente apoyo.
La normativa autonómica contempla precisamente la convivencia como uno de los ámbitos vinculados a la protección de la función docente.
El decreto aprobado en 2025 para desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado incluye medidas de protección y apoyo y regula la asistencia jurídica y psicológica para situaciones relacionadas con el ejercicio profesional.
El sindicato reclama una respuesta institucional inmediata
CCOO Enseñanza Cádiz considera prioritario que la Administración educativa intervenga desde el inicio cuando un docente sufre una agresión.
La organización reclama que, además de activar los mecanismos de asistencia, exista una respuesta institucional clara que evite situaciones de desprotección.
La propia Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado establece que corresponde a la Administración educativa adoptar medidas para garantizar la protección y asistencia jurídica del profesorado de los centros públicos por hechos relacionados con su trabajo.
La normativa andaluza también contempla la asistencia psicológica dentro de ese sistema de apoyo.
Santiago Acha, secretario general de CCOO Enseñanza Cádiz, ha reclamado el fin de la violencia en las aulas y ha situado el foco en los recursos disponibles para los centros. A su juicio, conseguir espacios educativos basados en el respeto requiere actuaciones concretas en inversión, ratios y personal.
La concentración celebrada tras la agresión busca así respaldar a la profesora afectada, pero también trasladar una reivindicación más amplia: que la seguridad del personal docente y la convivencia escolar cuenten con mecanismos de prevención, recursos suficientes y una respuesta rápida cuando se produzca una agresión.