Colectivos sociales piden la dimisión del concejal de Bienestar Social tras la polémica del “protocolo de la vergüenza”
Las organizaciones vinculan la gestión municipal de las personas sin hogar, las muertes recientes y el protocolo denunciado por los trabajadores con la falta de respuesta municipal
La indignación entre los colectivos sociales que trabajan con personas sin hogar en Cádiz ha aumentado tras la polémica generada por el denominado “protocolo de la vergüenza”, denunciado por el comité de empresa del servicio de Parques y Jardines.
Pese a que desde el Ayuntamiento, hasta el propio alcalde, Bruno García, ha afirmado que se hace lo mismo que anteriormente, la Asociación Despertares y el Movimiento Nadie sin Hogar han dado un paso más y han pedido la dimisión del concejal de Bienestar Social, Pablo Otero, al que acusan de una gestión “pésima” y carente de sensibilidad ante una situación de extrema gravedad.
En una nota conjunta, las organizaciones señalan que en la última reunión de la Mesa de Personas Sin Hogar quedó patente la falta de liderazgo del edil. Desde la Asociación Despertares aseguran que Otero “no tiene ni idea de cómo afrontar la situación” y que ni siquiera intervino durante el encuentro, siendo el propio alcalde quien tuvo que explicar los recursos existentes y las propuestas del área de Bienestar Social.
Cuatro muertes y críticas por falta de sensibilidad
Los colectivos subrayan que esta situación se produce tras el fallecimiento de cuatro personas sin hogar en Cádiz en apenas un mes, un hecho que califican de especialmente grave. “Han muerto cuatro personas y el señor Otero no ha tenido ni siquiera un gesto de condolencia”, denuncian desde Despertares, que reclaman al alcalde que ponga al frente del área a “una persona con sensibilidad y, sobre todo, competente”.
A estas muertes se suma, según recuerdan, la controversia abierta por el llamado “protocolo de la vergüenza”, expresión utilizada inicialmente por el comité de empresa para describir el procedimiento aplicado en parques y jardines donde pernoctan personas sin hogar, y que ha sido objeto de versiones enfrentadas entre el Ayuntamiento, la empresa adjudicataria y los representantes sindicales.
Carnaval y ausencia de un protocolo específico
Las organizaciones sociales alertan además de la falta de un Protocolo de Carnaval que garantice la seguridad y la atención de las personas sin hogar durante unas fiestas masivas y de alto riesgo que comienzan en apenas una semana. Consideran especialmente preocupante que, en un contexto de gran afluencia, el Ayuntamiento no haya definido medidas específicas para proteger a este colectivo vulnerable.
Esta situación ha generado, según explican, una alarma creciente entre las entidades presentes en la Mesa de Personas Sin Hogar y ha motivado también las críticas de los partidos de la oposición, que han cuestionado la gestión municipal en materia social.
Denuncian improvisación en Bienestar Social
Los colectivos coinciden en señalar que el área de Bienestar Social parece instalada en la improvisación, poniendo como ejemplo la gestión del Centro Fermín Salvochea como dormitorio de refuerzo. El recurso se abrió inicialmente durante cuatro días por una alerta naranja por temporal, se prorrogó después una semana y, más tarde, “hasta nueva orden”, tras la presión de las organizaciones debido a las muertes registradas en enero.
Para las entidades, esta sucesión de prórrogas evidencia la ausencia de una planificación estable y de una respuesta estructural al problema del sinhogarismo en la ciudad.
Desde el Movimiento Nadie Sin Hogar recuerdan que existe una obligación legal de garantizar alojamiento alternativo a cualquier persona que se encuentre en situación de sinhogarismo. En este sentido, el pasado martes registraron junto a Despertares una petición formal para que el Centro Fermín Salvochea se mantenga abierto de forma permanente como dormitorio-refugio.
Las organizaciones subrayan que esta petición es coherente con los objetivos recogidos en el Plan de Inclusión aprobado en 2025 y con el compromiso adquirido por el alcalde en el Pleno municipal del 29 de enero. “No pedimos nada extraordinario, sino el cumplimiento de la ley y de los acuerdos adoptados”, concluyen.
La exigencia de dimisión del concejal de Bienestar Social se suma así a una cadena de reacciones sindicales, políticas y sociales que mantienen abierta la polémica sobre la gestión municipal de las personas sin hogar en Cádiz y el protocolo aplicado en los espacios públicos.