Condenados por construir ilegalmente en Chiclana: cárcel, multa y demolición de más de 360.000 euros
La Justicia ordena derribar viviendas ilegales en Chiclana valoradas en más de 360.000 euros
El Ayuntamiento de Chiclana ha hecho pública la sentencia 109/2026 dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Cádiz, que condena a dos personas por un delito contra la ordenación del territorio tras la construcción ilegal de varias edificaciones en suelo rústico.
El fallo impone a JLRC y MJCR una pena de un año y ocho meses de prisión, además de una multa de 3.360 euros y la inhabilitación para actividades relacionadas con la construcción durante dos años y seis meses. La resolución incluye también la demolición completa de las edificaciones levantadas y de todos los cerramientos ejecutados.
Construcciones sin licencia en suelo no urbanizable en Chiclana
Según recoge la sentencia, los hechos probados se remontan a los meses de septiembre y octubre de 2022, cuando los condenados promovieron la subparcelación de un terreno rústico, dividiéndolo en dos fincas independientes.
Ambas parcelas fueron delimitadas mediante cerramientos de bloques de hormigón sin contar con licencia urbanística ni haber solicitado autorización alguna.
La finca original había sido adquirida el 16 de diciembre de 2020 mediante escritura pública por un importe de 30.000 euros. A partir de ese momento, y sin ajustarse a la normativa urbanística vigente, se llevaron a cabo distintas actuaciones constructivas.
En una de las parcelas se levantó una vivienda de dos plantas con una superficie aproximada de 150 metros cuadrados, junto a otra edificación auxiliar de unos 20 metros cuadrados y una piscina de unos 24 metros cuadrados.
En la segunda parcela, también cerrada con bloques de hormigón, se construyó otra vivienda de características similares, con una superficie cercana a los 120 metros cuadrados, además de una edificación adicional de unos 12 metros cuadrados y otra piscina de dimensiones similares a la anterior.
Actuación municipal y proceso judicial
El origen del procedimiento judicial se encuentra en las diligencias previas 174/2024, tras una inspección realizada por el Ayuntamiento de Chiclana el 14 de septiembre de 2022. En esa actuación se constató la existencia de la división del terreno en dos fincas separadas por un muro medianero, así como la ejecución de construcciones sin ningún tipo de licencia.
A raíz de estos hechos, la Delegación de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano inició un expediente de Restablecimiento de la Legalidad Urbanística y trasladó el caso al Ministerio Fiscal ante la posible comisión de un delito.
El Consistorio chiclanero se personó como acusación particular en el procedimiento, junto al Ministerio Público.
El informe técnico municipal fue determinante en el proceso, al concluir que las edificaciones no eran susceptibles de legalización conforme a la normativa urbanística vigente en el municipio.
El suelo sobre el que se actuó está clasificado como no urbanizable, dentro de la categoría de suelo rústico, lo que impide este tipo de desarrollos residenciales.
La sentencia considera acreditado que las construcciones se realizaron con pleno conocimiento de esta circunstancia, lo que fundamenta la condena penal. Además, establece que el valor total de las edificaciones ejecutadas asciende a 360.516,92 euros.
Demolición y consecuencias legales
El fallo judicial no solo impone penas económicas y privativas de libertad, sino que obliga a los condenados a asumir la demolición de todas las construcciones realizadas, así como la eliminación de los cerramientos. Esta medida deberá ejecutarse a su costa, lo que supone una carga económica añadida de gran relevancia.
Aunque la pena de prisión es inferior a dos años y, en principio, no implica ingreso efectivo en un centro penitenciario, la condena conlleva la generación de antecedentes penales. Además, MJCR ha sido considerada partícipe a título lucrativo, lo que implica su responsabilidad en los beneficios obtenidos de la actuación ilegal.
Desde el Ayuntamiento se subraya que esta sentencia supone la culminación de las actuaciones desarrolladas en materia de disciplina urbanística en suelo rústico.
El delegado de Urbanismo ha insistido en reiteradas ocasiones en las consecuencias legales de este tipo de infracciones, destacando que la normativa vigente no permite la regularización de construcciones ilegales en este tipo de suelo.
La resolución judicial confirma el criterio técnico y jurídico mantenido por el Consistorio desde el inicio del expediente y refuerza la actuación administrativa frente a las parcelaciones ilegales.
La ejecución de la demolición marcará el siguiente paso en un procedimiento que ha puesto el foco en el control del uso del suelo y en el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística en el municipio.