Asamblea de trabajadoras de limpieza de la UCA durante el encierro que mantienen hace tres semanas.

Denuncian a la empresa de limpieza y a la UCA por vulnerar la libertad sindical

Autonomía Obrera acusa a la empresa de intentar “silenciar” a las trabajadoras con advertencias disciplinarias y presenta una denuncia ante el Sercla

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Autonomía Obrera ha presentado una denuncia ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), donde acusa a la empresa del servcio de limpieza de la Universidad de Cádiz (UCA), Itelymep, y a la propia UCA de intentar desactivar la movilización mediante comunicaciones internas “que criminalizan a la plantilla y dañan su honor”.

El dinicado ha acusado a ITELYMP de intentar “callar, intimidar y desmovilizar” a las trabajadoras del servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz tras recibir un escrito interno en el que la empresa prohíbe expresamente la entrega de panfletos y comunicados sindicales dentro de los centros.

Para el sindicato, el documento supone una “amenaza directa” a un colectivo que lleva casi tres meses movilizado y constituye un ataque frontal a la libertad sindical.

El presidente de Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido, sostiene que ITELYMP está actuando “como brazo ejecutor de la UCA”, después de que la universidad trasladara a la empresa una “queja formal muy grave” por la aparición de material informativo en despachos y zonas restringidas.

Según Bienvenido, la compañía responde a esa queja con “un escrito intimidatorio, desproporcionado y plagado de advertencias”, que acusa sin pruebas a la plantilla y que insinúa la aplicación del régimen disciplinario. “Es una maniobra para sembrar miedo. Ni es nueva ni es casual”, afirma.

El escrito de ITELYMP: prohibiciones y advertencias disciplinarias

En el requerimiento enviado a las trabajadoras, ITELYMP afirma que queda “terminantemente prohibida la realización de cualquier actividad ajena al servicio contratado”, una frase que, según el sindicato, apunta directamente a la distribución de comunicados, hojas informativas o panfletos sindicales dentro de los edificios universitarios.

La empresa sostiene que estas acciones estarían “provocando perjuicios” y que podrían acarrear consecuencias disciplinarias si continúan. Para Autonomía Obrera, el mensaje es claro: “intentar meter miedo a una plantilla que ya está golpeada por recortes de horas, sobrecarga laboral y salarios que siguen rondando los 900 euros”.

Manuel Bienvenido subraya que la legislación laboral permite a los comités difundir información sindical en los centros de trabajo mientras no se altere el servicio: “Lo que hace ITELYMP es mentir a sabiendas, porque conoce perfectamente la ley. Pero prefiere alinearse con los deseos de la UCA y endurecer la presión contra las trabajadoras”.

Autonomía Obrera denuncia en el Sercla un intento de “desmovilización”

El sindicato no se ha limitado a contestar por escrito: también ha presentado una denuncia ante el SERCLA, donde acusa a ITELYMP y a la propia UCA de intentar desactivar la movilización mediante comunicaciones internas “que criminalizan a la plantilla y dañan su honor”.

En la mediación, Autonomía Obrera reclama la retirada inmediata del escrito de ITELYMP, una rectificación pública dirigida a toda la plantilla y una indemnización de 30.000 euros por daños morales.

“Es intolerable que se intente presentar a las limpiadoras como un problema cuando llevan años sosteniendo el servicio en condiciones durísimas. Lo único que pretenden es defender su dignidad”, recalca Bienvenido.

Un conflicto que se agrava: tensión, presencia policial y encierros

Este nuevo episodio se suma a una cadena de tensiones vividas durante las últimas semanas: presencia policial en protestas en Cádiz y Puerto Real, bloqueos de acceso en edificios universitarios, enfrentamientos verbales con seguridad y múltiples acusaciones cruzadas entre UCA, empresa y sindicatos.

El colectivo mantiene encierros tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en el campus de Puerto Real y continúa denunciando recortes de horas, falta de sustituciones, sobrecarga laboral y un pliego de condiciones que consideran que “las condena a la miseria”.

“Primero recortan, luego criminalizan, y ahora intentan silenciarnos por escrito. No lo vamos a permitir”, dice Bienvenido. “La dignificación laboral no se logra bajando la cabeza. Y mucho menos aceptando amenazas”.

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