Denuncian la difusión de datos personales de 30 policías locales en San Fernando
SIP-AN sostiene que un documento interno con información laboral de los agentes fue distribuido en dependencias policiales y compartido por WhatsApp
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La denuncia del Sindicato Independiente de la Policía de Andalucía (SIP-AN) ha situado el foco sobre una posible vulneración de la protección de datos en la Policía Local de San Fernando.
La organización sindical asegura que un documento de carácter interno con información personal y laboral de una treintena de agentes salió del ámbito administrativo para ser difundido en distintas dependencias policiales y a través de aplicaciones de mensajería, una circunstancia que considera especialmente grave por el alcance que habría tenido la exposición de esos datos.
Según explica el sindicato, el documento contenía el nombre y apellidos de los policías afectados, el puesto que ocupan dentro de la plantilla y la planificación de sus jornadas de trabajo.
A juicio de SIP-AN, esa información debía permanecer bajo un régimen de confidencialidad y únicamente accesible para quienes tuvieran competencias en su gestión.
El sindicato señala una posible brecha en la custodia de la documentación en San Fernando
La organización sostiene que la documentación no quedó limitada a los canales internos previstos para su tratamiento. Siempre según su versión, se realizaron varias copias del documento que fueron distribuidas en diferentes dependencias de la Jefatura de la Policía Local.
Además, afirma que el contenido también circuló mediante grupos y mensajes de WhatsApp, ampliando de forma significativa el número de personas que pudieron acceder a la información.
Para el sindicato, la forma en la que se habría producido la difusión obliga a esclarecer si existió una brecha de seguridad en el tratamiento de los datos personales de los agentes.
En este sentido, considera necesario determinar cómo salió el documento del circuito administrativo, quién tuvo acceso al mismo y qué personas participaron, en su caso, en su reproducción y distribución.
SIP-AN entiende que la protección de la información de los empleados públicos constituye una obligación legal para las administraciones y sostiene que la posible exposición de estos datos podría comprometer la privacidad de los funcionarios afectados.
Reclamaciones ante el Ayuntamiento de San Fernando y el Consejo de Transparencia
Ante estos hechos, el sindicato ha iniciado varias actuaciones por la vía administrativa. Entre ellas figura una reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, organismo competente en la comunidad autónoma en materia de supervisión del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos en el ámbito público.
Asimismo, la organización ha remitido un escrito al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de San Fernando en el que solicita que se investigue si los hechos pueden constituir una brecha de seguridad en el tratamiento de información personal.
De forma paralela, SIP-AN ha dirigido una petición formal a la alcaldesa del municipio para que ordene la apertura de un expediente informativo y, si las circunstancias lo justifican tras la investigación, un procedimiento disciplinario destinado a depurar las posibles responsabilidades derivadas de la difusión del documento.
El sindicato considera que la existencia de múltiples copias y su posterior circulación por diferentes canales hace necesario un análisis detallado de lo sucedido para determinar el origen de la filtración y establecer las medidas oportunas.
La protección de los datos personales centra la reclamación
La organización sindical insiste en que la custodia de los datos personales de los trabajadores públicos forma parte de las obligaciones que corresponden a cualquier administración cuando actúa como responsable del tratamiento de esa información.
Desde SIP-AN sostienen que el caso no debe interpretarse únicamente como un incidente aislado, sino que requiere una investigación que permita conocer el recorrido del documento y comprobar si se respetaron los protocolos internos establecidos para garantizar la confidencialidad de la información.
El sindicato ha anunciado que continuará utilizando todas las vías administrativas y legales que considere oportunas hasta que se aclaren las circunstancias de la difusión y se determinen, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir.
Por el momento, no ha trascendido públicamente la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento de San Fernando ni se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre el origen de la supuesta filtración denunciada por la organización sindical.
El asunto queda ahora pendiente de las actuaciones que puedan desarrollar los órganos competentes en materia de protección de datos y de las decisiones que adopte la administración municipal tras las reclamaciones presentadas.