Desahucio 'exprés' con dos menores: el drama de Lorena y la falta de alternativas por parte del Ayuntamiento
“Estoy con las carnes abiertas todo el fin de semana”, dice Lorena, de 33 años, madre de dos hijos y en paro tras la campaña de Navidad, ante un lanzamiento fijado para este lunes
“Estoy con las carnes abiertas todo el fin de semana”. Así resume Lorena Amaya, de 33 años, las horas previas al lunes en el que será desahuciada de la vivienda en la que vive con sus dos hijos, de 17 y 5 años, en la calle José de Dios de Cádiz.
El lanzamiento está fijado para las 10 de la mañana, y ella afronta la cuenta atrás sin una alternativa habitacional clara y sin respuesta municipal, pese a haber pedido ayuda in extremis. Además, dice sentirse engañada por su administrador de fincas.
No es un caso aislado. De nuevo, una vecina con menores a su cargo denuncia la falta de respuesta del Ayuntamiento ante un desahucio inminente. Según su relato, no parece haberse activado todos los mecanismos y herramientas de los que dispone la administración local en situaciones de emergencia habitacional, a pesar de que existe la posibilidad de realojos temporales y excepcionales cuando hay menores implicados.
Lorena asegura haber presentado la documentación requerida y solicitado cita con Servicios Sociales sin obtener una respuesta efectiva tras conocer el viernes 30 de enero que tenía para el lunes 2 de febrero el lanzamiento.
Esta gaditana de 33 años se encuentra actualmente en paro, tras haber trabajado durante la campaña de Navidad en un comercio. Asegura haber intentado regularizar su situación con la propiedad y con la administración de fincas que gestiona el alquiler, aunque teme que este podría haberla engañado.
Según explica, llegó a cerrar un acuerdo verbal para abonar parte de la deuda e ir pagando poco a poco el resto, pero a la hora de firmar, afirma, la propiedad (en la práctica, la hija de una mujer mayor de Barcelona) dijo que ya lo que quería era vender la casa y que tenía que dejarla.
Uno de los aspectos que más la angustian es la sensación de haber sido engañada en la gestión del alquiler. Lorena afirma que no recibió notificaciones del procedimiento judicial, que llegaban al administrador de fincas, y que tuvo conocimiento del avance del proceso cuando ya era demasiado tarde.
Teme, incluso, que el juicio se celebrara sin que, según su versión, pudiera defenderse adecuadamente ni contar con toda la información necesaria sobre su situación y sus derechos.
En paralelo, asegura haber solicitado ayuda a Servicios Sociales y tener un informe de vulnerabilidad, especialmente relevante por la presencia de dos menores en la vivienda. Sin embargo, denuncia que no recibió copia del informe ni una respuesta clara.
Cuando volvió a acudir, ya con el lanzamiento fijado, la contestación fue que no se podía hacer nada en ese momento y solo le podían ofrecer plaza en el albergue de la calle Soledad. "Aunque no te lo aconsejo", asegura que le dijo su trabajadora social.
La resolución judicial dictada a finales de enero ratifica el lanzamiento previsto para este lunes, sin que conste suspensión ni alternativa habitacional asignada. Lorena no figura asistida por abogado ni procurador en esta fase del procedimiento, lo que incrementa su sensación de indefensión.
El viernes, sin apenas tiempo de reacción, acudió a la oficia Antidesahucio de Procasa y a su trabajadora Social sin lograr una alternativa a su situación. En el primer caso, señala, una trabajadora social no la atendió y posteriormente otro le dijo que no podían hacer nada y que fuera a Asuntos Sociales.
Allí, dice, más de lo mismo, La única solución era la que desaconsejaba: el albergue. "Le dice que qué hacía, si me iba con una tienda de campaña a la puerta del Ayuntamiento, porque no me queda otra", añade Lorena. Esta gaditana afirma haber vivido uno de "los peores días "de su vida. “Estoy con las carnes abiertas todo el fin de semana”, dice Lorena, mientras realiza faenas de la casa.
El caso se produce, además, en un contexto normativo reciente. La resolución llega poco más de un mes después de que dejara de estar en vigor la normativa estatal que impedía determinados desahucios, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre.
La ampliación de esa protección estaba incluida en el decreto de pensiones que fue rechazado en el Congreso, lo que ha reactivado procedimientos que habían quedado en suspenso, como el de esta familia, evidenciando una celeridad judicial que contrasta con la falta de respuesta administrativa en el ámbito social.
Durante el fin de semana, con los juzgados y oficinas cerradas y sin interlocutores institucionales, Lorena permanece en la vivienda junto a sus hijos, esperando una llamada que no llega. A pocas horas del lanzamiento, Lorena insiste en que no pide privilegios ni trato especial. “Solo quiero tiempo y que alguien me escuche antes de que nos echen a la calle”, repite, mientras el reloj avanza hacia el lunes por la mañana.