Doce detenidos y doce mujeres liberadas al desarticular una red de explotación sexual en La Línea
La Policía Nacional culmina una investigación iniciada en 2024 con 13 registros y sitúa en una sociedad con sede en Gibraltar la propiedad de los inmuebles utilizados por la organización
Síguenos en Google
Una investigación de la Policía Nacional ha terminado con la desarticulación en La Línea de la Concepción de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
El operativo se ha saldado con 12 personas detenidas y 12 mujeres liberadas, además de 13 registros domiciliarios. Las pesquisas, abiertas en 2024, apuntan a una estructura organizada que captaba a mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad y que ejercía sobre ellas un control constante una vez que se encontraban en los inmuebles donde residían y eran explotadas.
Los arrestados están investigados como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos relacionados.
En los registros, los agentes intervinieron material considerado de interés para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades de las personas investigadas.
Policía Nacional: la captación comenzaba con falsas expectativas laborales
La investigación policial dibuja un procedimiento que comenzaba con la captación de mujeres extranjeras que atravesaban situaciones de especial vulnerabilidad.
Según las pesquisas, la organización les presentaba falsas expectativas laborales vinculadas al ejercicio de la prostitución. Después de aceptar las condiciones que se les ofrecían, eran trasladadas y alojadas en diferentes viviendas.
Era en esos inmuebles donde, de acuerdo con la investigación, comenzaba el sistema de explotación. Los responsables de la organización habrían aprovechado tanto la necesidad económica de las mujeres como su situación administrativa.
Muchas de las víctimas se encontraban en España en situación irregular, una circunstancia que habría contribuido a aumentar su dependencia y dificultar que abandonaran ese entorno o acudieran a denunciarlo.
Los investigadores sostienen que existía una vigilancia continuada sobre las víctimas. La estructura establecía horarios, controlaba sus movimientos, seleccionaba a los clientes y gestionaba la actividad que desarrollaban las mujeres.
Amenazas, gastos y vigilancia para mantener el control
El control no se limitaba a la organización de la actividad. Las pesquisas han detectado indicios de amenazas e intimidaciones y un mecanismo de dependencia económica alimentado por diferentes pagos que debían asumir las mujeres. Entre ellos figuraban alquileres, comisiones y otros gastos impuestos por los responsables de la trama.
Las víctimas, además, vivían en los mismos inmuebles en los que eran explotadas sexualmente. Esta circunstancia permitía mantenerlas bajo supervisión y reducía sus posibilidades de alejarse del entorno controlado por el grupo.
Durante la operación, la Policía Nacional localizó y liberó a doce mujeres consideradas víctimas de explotación sexual. Los indicios recabados durante la investigación apuntan a situaciones de coerción y a la utilización de distintos mecanismos dirigidos a impedir que pudieran abandonar la estructura.
Una sociedad de Gibraltar aparece vinculada a los inmuebles
Uno de los elementos que ha aflorado durante las pesquisas conduce hasta Gibraltar. Los investigadores determinaron que las viviendas utilizadas para desarrollar la actividad eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en el Peñón. Desde esa empresa se articulaba la titularidad de los inmuebles empleados presuntamente por la organización.
La investigación también ha permitido reconstruir el reparto de tareas dentro del grupo. Sus integrantes asumían diferentes funciones relacionadas con la captación de las mujeres y la gestión de las viviendas, pero también con el control de las víctimas, la organización de los servicios y la seguridad de los pisos.
Otros miembros se ocupaban de aspectos vinculados a los beneficios económicos procedentes de la explotación sexual. Esa división de responsabilidades es uno de los elementos sobre los que se sustenta la consideración policial de que se trataba de una estructura organizada.
La operación culmina así una investigación que permanecía abierta desde 2024 y que ha desembocado en 12 detenciones, 13 registros domiciliarios y la liberación de una docena de mujeres en La Línea de la Concepción.