Dos agresiones en una semana reabren la crisis en Puerto III: CSIF alerta de una situación "insostenible"
CSIF denuncia un aumento de las agresiones en Puerto III y reclama medidas urgentes ante la saturación del centro
El sindicato advierte de que la prisión supera los 1.330 internos y atribuye el incremento de la conflictividad a la falta de personal, la masificación y la reincidencia de determinados reclusos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado de forma pública el deterioro de la seguridad en el centro penitenciario Puerto III, en Cádiz, tras registrarse dos agresiones de carácter muy graves a trabajadores en apenas una semana.
El sindicato sostiene que la situación es consecuencia de una combinación de factores que incluyen elementos tales como elevada población reclusa, la escasez de efectivos y la respuesta que considera insuficiente por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP).
Según el comunicado difundido por la organización sindical, los dos episodios más recientes tuvieron lugar los pasados días 29 de mayo y 4 de junio y fueron protagonizados por el mismo interno.
CSIF afirma que estos hechos han vuelto a poner sobre la mesa la preocupación existente entre los funcionarios por las condiciones en las que desarrollan su trabajo y por el aumento de la conflictividad dentro del establecimiento penitenciario.
CSIF: dos agresiones en pocos días reabren el debate sobre la seguridad
El sindicato asegura que ambos incidentes estuvieron protagonizados por un recluso que se encuentra en situación irregular en España.
A juicio de CSIF, este tipo de casos evidencia una sensación de impunidad entre determinados internos reincidentes, al entender que las consecuencias derivadas de las agresiones se limitan, en muchos supuestos, a sanciones disciplinarias dentro del propio centro.
La organización sostiene que, al cumplir condena en prisiones españolas en lugar de ejecutarse una eventual extradición para el cumplimiento de la pena en sus países de origen, algunos reclusos perciben que los actos violentos apenas tienen repercusiones adicionales.
CSIF también pone el foco en la falta de compensación económica para los trabajadores que sufren daños durante este tipo de incidentes. Según expone, la insolvencia de numerosos internos impide que las indemnizaciones lleguen a materializarse, dejando a los funcionarios sin una reparación efectiva por las lesiones sufridas.
En este contexto, el sindicato recuerda que el próximo 11 de junio está prevista en el Congreso la votación sobre la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.
La medida, señala, debería incorporar el denominado principio de indemnidad para que la Administración asuma el pago de los daños ocasionados en el ejercicio profesional.
Masificación y clasificación interior, en el centro de las críticas
La organización sindical acusa además a la SGIIPP de mantener una política que califica de "buenista" y de minimizar el alcance real de la violencia en los centros penitenciarios españoles.
CSIF denuncia una deficiente clasificación interior de la población reclusa y alerta del incremento de internos reincidentes en módulos especialmente conflictivos.
A ello añade la presencia de sustancias prohibidas, entre ellas la conocida como "droga de los papelitos", como un elemento que estaría agravando la convivencia diaria y dificultando la labor de vigilancia y control.
El sindicato considera que la concentración de perfiles especialmente problemáticos en determinados espacios está elevando la tensión dentro del centro y aumentando la presión sobre unas plantillas que, según afirma, trabajan con recursos limitados.
Reclamación de refuerzos inmediatos antes del verano
La situación del personal constituye otro de los principales motivos de preocupación expuestos por CSIF. El sindicato asegura que el reciente concurso de traslados ha supuesto la pérdida de numerosos puestos de trabajo en Puerto III, una circunstancia que coincide con el inicio del periodo estival y las vacaciones de la plantilla.
A ello se suman las bajas médicas de los trabajadores que resultaron agredidos en los últimos incidentes. La organización ha trasladado su deseo de recuperación a los afectados y reclama una respuesta inmediata por parte de la dirección del centro y de Instituciones Penitenciarias.
Entre las medidas planteadas figuran la reducción de la población reclusa de Puerto III, que actualmente supera los 1.330 internos; una redistribución más eficiente de los presos reincidentes para evitar la saturación de los módulos más conflictivos; y el refuerzo urgente de la plantilla mediante la cobertura de vacantes, la incorporación de funcionarios en prácticas o la habilitación de jornadas extraordinarias remuneradas durante el verano.
CSIF sostiene que estas actuaciones son necesarias para evitar que la carga de trabajo y los riesgos asociados continúen aumentando entre el personal penitenciario.