Dos detenidos en Jerez por hacerse pasar por empleados de banca para quedarse con las tarjetas de sus víctimas
La investigación apunta a un método basado en llamadas telefónicas y la recogida presencial de las tarjetas bancarias, una modalidad de fraude que la Policía lleva tiempo detectando en distintos puntos de España
La Policía Nacional ha detenido en Jerez a dos personas como presuntas responsables de una estafa en la que, según la investigación, se hacían pasar por empleados de entidades bancarias para convencer a sus víctimas de que entregaran sus tarjetas de pago.
El caso vuelve a poner el foco sobre una modalidad de fraude que combina el engaño telefónico con el contacto directo y que tiene como principales afectados a personas de edad avanzada o especialmente vulnerables.
Jerez: un engaño que comenzaba con una llamada
Las pesquisas apuntan a que los sospechosos contactaban previamente con las víctimas haciéndose pasar por personal de su banco.
Durante la conversación advertían de supuestos movimientos sospechosos o incidencias relacionadas con la seguridad de las cuentas, generando una situación de urgencia para ganar la confianza de los afectados.
El siguiente paso consistía en comunicar que era necesario sustituir la tarjeta bancaria por otra nueva. Para ello, indicaban que una persona acudiría al domicilio a recoger la tarjeta supuestamente comprometida.
De este modo, las víctimas entregaban el medio de pago convencidas de que estaban colaborando con su entidad financiera en un procedimiento legítimo.
Según la investigación policial, una vez obtenían las tarjetas y la información necesaria para utilizarlas, los presuntos autores realizaban extracciones de dinero en cajeros automáticos y efectuaban compras antes de que los titulares detectaran el fraude y bloquearan los medios de pago.
La investigación permitió identificar a los sospechosos
La actuación policial culminó con la detención de dos personas en Jerez como presuntas responsables de los hechos investigados. La operación se enmarca en el trabajo que desarrollan las unidades especializadas para combatir las estafas bancarias y los delitos patrimoniales relacionados con la suplantación de identidad y el uso fraudulento de tarjetas.
Este tipo de investigaciones suele apoyarse en el análisis de movimientos bancarios, imágenes de cámaras de seguridad y otros indicios que permiten reconstruir el recorrido del dinero y la participación de los implicados. Las diligencias continúan bajo la supervisión de la autoridad judicial competente.
Los investigadores recuerdan que las organizaciones dedicadas a este tipo de delitos adaptan con frecuencia sus métodos para aumentar la credibilidad del engaño, utilizando datos personales de las víctimas o información obtenida previamente mediante técnicas de ingeniería social.
La Policía insiste en desconfiar de este tipo de solicitudes
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan tiempo alertando del incremento de las estafas que utilizan la identidad de entidades bancarias como reclamo.
Si bien es cierto que las técnicas evolucionan, existe un elemento común como es que los delincuentes intentan convencer a la víctima para que facilite información confidencial o entregue físicamente sus tarjetas con el argumento de evitar un supuesto fraude.
La recomendación sigue siendo la misma y es unánime: ninguna entidad financiera solicita por teléfono las claves personales, el código PIN o la entrega de tarjetas mediante mensajeros o personas que acuden al domicilio.
Ante cualquier comunicación de este tipo, lo aconsejable es finalizar la llamada y contactar directamente con el banco utilizando los canales oficiales para comprobar si existe realmente alguna incidencia.
Además, si una persona sospecha que ha facilitado datos bancarios o bien ha podido entregar su tarjeta tras recibir una llamada sospechosa, debe bloquear inmediatamente el medio de pago y comunicar los hechos a la mayor rapidez posible tanto a su entidad financiera como a la Policía Nacional a fin de poder reducir el riesgo de que se produzcan cargos fraudulentos.
Las autoridades insisten en que actuar con inmediatez puede resultar decisivo para limitar y aminorar el perjuicio económico que le puede originar a la víctima así como de facilitar la investigación posterior sobre los hechos delictivos.