Dos trabajadores del metal se suben a una grúa en Navantia San Fernando para denunciar “listas negras”
Tensión en el astillero de San Fernando: dos trabajadores desafían a Navantia desde una grúa
Dos trabajadores del sector del metal han protagonizado una protesta de alto riesgo en el astillero de Navantia en San Fernando, en el permanecen subidos a una grúa a varios metros de altura para denunciar lo que consideran un veto laboral prolongado en la Bahía de Cádiz.
La acción comenzó durante la noche, cuando Manuel Balber y Jesús Galván decidieron subir a una de las grúas del astillero y desplegar una pancarta visible desde distintos puntos de la factoría.
Ambos aseguran que su situación responde a años de exclusión del mercado laboral, que relacionan directamente con su actividad sindical dentro de la Coordinadora de Trabajadores del Metal.
Desde lo alto de la estructura -con el peligro que conlleva para su integridad física-, los trabajadores han explicado que su protesta es una medida desesperada tras haber agotado otras vías de reclamación.
Según sostienen, llevan más de una década sin poder acceder a contratos en el sector, pese a contar con un amplia experiencia como soldadores y a la alta demanda de empleo en la industria naval.
Aseguran que esta situación les ha llevado a una situación límite, tanto en el plano económico como personal. Al respecto indicaron que: “Somos padres de familia y se nos está condenando a la exclusión social”, tal y como denuncian, insistiendo en que su reivindicación no solo es laboral, sino también social y política.
Denuncias de “listas negras” frente a la negativa de la empresa
El núcleo del conflicto gira en torno a la supuesta existencia de “listas negras” en el sector del metal gaditano. Balber y Galván afirman que grandes empresas tractoras y sus subcontratas estarían vetando a determinados trabajadores por su implicación sindical, impidiéndoles acceder a nuevos contratos.
No obstante, desde Navantia rechazan de forma tajante estas acusaciones. Fuentes de la compañía pública aseguran que no existe ningún tipo de listado de exclusión y que los procesos de contratación se rigen por criterios objetivos y legales.
La discrepancia entre ambas versiones ha elevado la tensión en torno al caso. Mientras los trabajadores insisten en que su situación es un ejemplo de represión sindical, la empresa niega cualquier irregularidad y se desmarca de las acusaciones.
Los manifestantes también han señalado que han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para formalizar sus reclamaciones.
Igualmente recuerdan que en el pasado ya hubo resoluciones judiciales relacionadas con su situación laboral tras acciones sindicales.
Apoyo político y exigencia de intervención institucional
La protesta ha generado reacciones en el ámbito político, en el que distintos representantes han mostrado su apoyo a los trabajadores. Dirigentes de formaciones como Podemos, Sumar o el Partido Popular han señalado la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar los derechos laborales.
En este marco tan encrespado, los dos operarios han elevado sus exigencias al ámbito institucional. Reclaman la presencia de responsables del Gobierno para dar explicaciones públicas y abordar la situación que denuncian. Concretamente, pidieron la intervención de -por entonces- vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como del nuevo titular del área.
También desde organizaciones políticas andaluzas se ha solicitado una reunión entre las administraciones y los trabajadores afectados. El objetivo es hacerse escuchar de primera mano sus testimonios y explorar posibles soluciones a un conflicto que, según advierten, no puede normalizarse.
Entre tanto, la protesta continúa en la grúa, donde ambos trabajadores permanecen pese a la intervención de los cuerpos de seguridad. Según relatan, se ha establecido un perímetro de vigilancia en la zona para evitar acercamientos, lo que ha incrementado la visibilidad del conflicto.
La situación sigue abierta y sin una resolución inmediata, en un entorno muy marcado por la tensión entre las denuncias de exclusión laboral y la negativa de la empresa a reconocer cualquier irregularidad.