Ecologistas denuncian en Sanlúcar vertidos de 120 millones de metros cúbicos autorizados al Guadalquivir
Protesta en Bajo de Guía contra los vertidos mineros al Guadalquivir en el aniversario de Aznalcóllar
Decenas de personas participaron el pasado sábado en una concentración celebrada en la playa de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, para mostrar su rechazo a los vertidos mineros autorizados al río Guadalquivir y alertar de sus posibles efectos sobre el tramo final del estuario.
La protesta, convocada por organizaciones sociales y ecologistas, se desarrolló frente a la capilla del Carmen y coincidió con el 28 aniversario de la catástrofe minera de Aznalcóllar, uno de los mayores desastres ecológicos y ambientales registrados en Andalucía.
Los asistentes exhibieron pancartas y reclamaron una revisión de las autorizaciones concedidas por la Junta de Andalucía para nuevos vertidos relacionados directamente a explotaciones mineras.
Los convocantes sostienen que el ecosistema del Bajo Guadalquivir mantiene una elevada fragilidad ambiental y que cualquier incremento de descargas industriales puede repercutir de forma notable y grave en la pesca, la agricultura y la salud pública de los municipios ribereños.
El recuerdo del desastre de Aznalcóllar sigue presente
Los colectivos y asociaciones aprovecharon la fecha para recordar el accidente ocurrido el 25 de abril de 1998, cuando se rompió una balsa de residuos mineros de grandes dimensiones en Aznalcóllar.
Aquel episodio provocó la liberación de millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminadas con metales pesados, que avanzaron por el cauce del río Guadiamar y alcanzaron zonas agrícolas próximas al entorno de Parque Nacional de Doñana.
Las entidades convocantes señalaron que parte de esos residuos continúan almacenados en el entorno de la antigua explotación minera. Según su versión, en la corta de la mina permanecen lodos retirados tras el siniestro y en la balsa sellada seguirían existiendo materiales con presencia de metales pesados.
También sostienen que, pese a las labores de restauración realizadas durante estos años, se han registrado filtraciones y episodios de contaminación posteriores en la cuenca del Guadiamar. Ese argumento fue uno de los principales mensajes lanzados durante la concentración celebrada en Sanlúcar.
Críticas por los nuevos permisos de vertido al Guadalquivir
Durante la protesta, las organizaciones ecologistas censuraron que la Junta haya autorizado nuevas actividades mineras relacionadas con las explotaciones de Aznalcóllar y Gerena. En concreto, cuestionan permisos que permitirían vertidos al Guadalquivir durante un periodo prolongado.
Los convocantes vinculan estas autorizaciones con la mina de Gerena y con el complejo de Cobre Las Cruces. Según los datos difundidos por estas plataformas, entre 2009 y 2023 se habrían vertido millones de metros cúbicos de aguas residuales mineras depuradas al río a la altura de Sevilla.
Además, aseguran que esos vertidos incluirían concentraciones autorizadas de metales como zinc, níquel, arsénico, cobre, plomo y mercurio, elementos cuya acumulación preocupa por su posible impacto en los sedimentos y en la cadena alimentaria.
Preocupación por pesca, empleo y salud pública en Sanlúcar
Las organizaciones movilizadas citaron trabajos académicos elaborados por universidades andaluzas que, según indicaron, detectan contaminación por metales pesados en sedimentos del Bajo Guadalquivir.
También mencionaron análisis sobre peces de río como albures o lisas con niveles elevados de plomo en determinadas muestras.
La protesta puso el foco en la dependencia económica que mantiene Sanlúcar con el estuario. La actividad pesquera, el marisqueo, el turismo gastronómico y parte del empleo local están ligados directamente al estado del río y su desembocadura.
Los convocantes reclamaron mayor control ambiental, transparencia en las autorizaciones y seguimiento público de la calidad del agua.
La concentración concluyó con la lectura de un manifiesto frente a Bajo de Guía en el que se pidió paralizar nuevos vertidos mientras no existan garantías técnicas suficientes sobre sus efectos en el Guadalquivir.