El aviso urgente de la Junta de Andalucía sobre Gibraltar: “Sus rellenos ponen en riesgo nuestras costas”
Andalucía alerta sobre el impacto ambiental del acuerdo con Gibraltar: “Deja los rellenos al libre albedrío del Peñón”
La preocupación de la Junta de Andalucía ha vuelto a centrarse en el Peñón de Gibraltar, tras conocerse los términos del nuevo acuerdo que regulará la relación del enclave británico con la Unión Europea tras el Brexit.
La consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García (PP), ha advertido que el texto “deja al libre albedrío del Peñón” una cuestión que considera “clave” para la comunidad: los rellenos marítimos.
Según la Junta de Andalucía, estas actuaciones “tienen un impacto importantísimo” sobre la costa andaluza, las mareas y la biodiversidad del entorno del Estrecho.
Durante una entrevista concedida a Canal Sur Radio, García expresó la “profunda preocupación” del Ejecutivo autonómico ante lo que considera una exclusión de Andalucía en la elaboración del acuerdo.
“Llevamos más de un año trasladando al Ministerio de Asuntos Exteriores nuestra inquietud. Gibraltar está actuando sin un control claro y sin cumplir la normativa internacional en materia ambiental”, indicó la consejera.
La titular andaluza de Medio Ambiente lamentó que el tratado, impulsado por el Gobierno central y las autoridades británicas, “adolece de la falta de participación de la Junta” y deja fuera elementos que afectan directamente al litoral de Cádiz.
Según explicó, la ausencia de mecanismos de supervisión ambiental abre la puerta a que el Peñón mantenga sus proyectos de ampliación territorial mediante rellenos sin un seguimiento técnico conjunto.
Rellenos de Gibraltar, polémica e ilegalidad
Los rellenos de Gibraltar, una práctica que consiste en ganar terreno al mar mediante vertidos y compactación de materiales, han sido objeto de controversia durante años.
Diversos informes científicos y denuncias de organizaciones ecologistas advierten de que estas intervenciones modifican las corrientes marinas y alteran los ecosistemas del Estrecho de Gibraltar, un enclave de altísima sensibilidad ambiental.
La consejera recordó que existe una Zona de Especial Conservación (ZEC) denominada Estrecho Oriental, incluida en la Red Natura 2000, que “no se ha tenido en cuenta por escrito en el tratado”.
“Nos preocupa enormemente que esta zona quede al albur de lo que Gibraltar decida, bajo la excusa de que cumple la normativa”, lamentaba García.
Para la Junta de Andalucía, el acuerdo debía haber incorporado un compromiso explícito sobre la gestión ambiental compartida, con mecanismos de verificación conjunta y la presencia de técnicos españoles en los procesos de control.
El Gobierno andaluz asegura haber remitido varios informes y cartas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclamando una supervisión efectiva de las obras que se ejecutan en el litoral del Peñón.
“La afectación territorial es importantísima y no se puede dejar al margen. Nos estamos jugando el equilibrio ecológico de nuestras costas”, insistió la consejera.
Los servicios técnicos de la Junta de Andalucía sostienen que la expansión artificial del territorio gibraltareño podría alterar las mareas que llegan al Campo de Gibraltar y modificar la distribución de nutrientes en el mar, con consecuencias sobre la flora marina, las praderas de posidonia y las poblaciones de peces.
“No estamos hablando solo de un asunto político o diplomático, sino de una cuestión ambiental que incide directamente en la economía azul y en la pesca local”, destacó García.
Desde el Ejecutivo autonómico se lamenta además que la administración andaluza carezca de competencias directas para intervenir en este asunto, que depende exclusivamente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
No obstante, la consejera defendió que la Junta tiene la obligación de “alzar la voz cuando se trata de proteger los recursos naturales que son patrimonio de todos los andaluces”.
A la espera de que el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido se concrete en su aplicación práctica, la Junta de Andalucía reclama ser incluida en cualquier comisión técnica o foro de seguimiento que aborde los aspectos medioambientales vinculados al Estrecho.
“Esperamos que no se repita un modelo en el que las decisiones se toman lejos del territorio afectado. Andalucía debe estar presente cuando se define el futuro de sus costas”, finalizó Catalina García.