El Ayuntamiento de Cádiz aprobará mañana la Zona de Bajas Emisiones: seis meses de pruebas sin multas
Durante la fase inicial no se sancionará y se pondrá en marcha una campaña informativa, una app y una web específica
El Ayuntamiento de Cádiz aprobará mañana martes, en un pleno extraordinario, la implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. La nueva normativa entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y lo hará con un periodo inicial de seis meses en fase de pruebas, durante el cual no se aplicarán sanciones.
Este periodo tendrá un carácter informativo y de adaptación ciudadana, según ha explicado el Consistorio, con el objetivo de que residentes y visitantes conozcan cómo funcionará la ZBE antes de la entrada en vigor del régimen sancionador.
Durante estos seis meses, el Ayuntamiento pondrá en funcionamiento las cámaras de control y el software de gestión, además de desplegar cartelería específica en los accesos al casco histórico para advertir de la entrada en la Zona de Bajas Emisiones. A pesar de que el sistema estará operativo, no se impondrá ningún tipo de multa en esta fase inicial.
El periodo de pruebas se aprovechará también para desarrollar una campaña de información a la ciudadanía, en la que se explicarán las distintas casuísticas de acceso, circulación y control dentro de la ZBE. En paralelo, el Ayuntamiento activará una aplicación móvil que permitirá gestionar permisos especiales de acceso, así como una página web informativa, que estará integrada dentro del portal municipal.
La Zona de Bajas Emisiones permitirá el acceso sin limitaciones a todos los vehículos con domicilio fiscal en Cádiz, independientemente de la etiqueta ambiental que tengan o incluso aunque carezcan de ella. En el caso de los vehículos procedentes de fuera de la ciudad, será necesario contar con distintivo ambiental ECO o Cero, aunque durante el primer año de funcionamiento también se permitirá la circulación de vehículos con etiqueta C.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha defendido que el modelo aprobado prioriza a las personas residentes y responde tanto a criterios medioambientales como de tráfico. En este sentido, ha recordado que los informes técnicos confirman que Cádiz cuenta con una buena calidad del aire, lo que permite aplicar la ZBE sin recurrir a medidas especialmente restrictivas.
El concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, ha señalado que el objetivo es avanzar hacia una ciudad “más sostenible y accesible”, pero “sin dificultar la vida de quienes viven o trabajan en las zonas afectadas”. Según ha explicado, las limitaciones se centran en reducir el volumen de vehículos que acceden diariamente al casco histórico sin etiqueta ambiental adecuada.
Cámaras, control de aforo y vigilancia ambiental
La ZBE contará con un amplio sistema de vigilancia, compuesto por cerca de un centenar de cámaras instaladas en distintos puntos de acceso al casco antiguo, excluyendo la ronda de circunvalación, que quedará fuera de las restricciones. En total, 48 cámaras se dedicarán al control de accesos, mientras que otras 16 se utilizarán para controlar el aforo de vehículos.
Además, el sistema se completa con la instalación de cuatro estaciones meteorológicas y ocho equipos de monitorización ambiental mediante nanosensores, que permitirán medir la calidad del aire de forma continua. El objetivo es consolidar un modelo urbano con menor contaminación y más espacios pensados para peatones.
El equipamiento se verá reforzado con la colocación de señalización específica en todos los accesos a la ZBE y carteles informativos en los puntos más conflictivos, para advertir a los conductores de que se aproximan a un área con restricciones de tráfico.
Aplicación definitiva tras el periodo de pruebas
Una vez finalizados los seis meses de fase informativa, el Ayuntamiento activará el régimen sancionador. Las multas por incumplir la normativa de la Zona de Bajas Emisiones serán de 200 euros, con un incremento del 30 por ciento en caso de reincidencia.
Con esta aprobación, Cádiz da el paso definitivo para cumplir con la legislación estatal y europea en materia de movilidad sostenible y calidad del aire, apostando por un modelo progresivo que protege a los residentes, reduce el tráfico de paso y consolida la peatonalización del centro histórico.