El Ayuntamiento de Chiclana endurece el control urbanístico con 29 órdenes de demolición
Chiclana intensifica el control urbanístico con 29 órdenes de demolición en suelo rústico y refuerza la vigilancia sobre las parcelaciones ilegales
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La disciplina urbanística gana peso en la lucha contra las construcciones ilegales y la política de control urbanístico en Chiclana continúa endureciéndose, así el Ayuntamiento de Chiclana ha incrementado durante el último ejercicio su actividad en materia de disciplina urbanística.
Por ello la determinado la emisión de 29 órdenes de demolición relacionadas con edificaciones levantadas en suelo rústico, dentro de una estrategia destinada a restaurar la legalidad y frenar nuevas actuaciones al margen de la normativa.
Estas resoluciones forman parte de expedientes administrativos que afectan a distintas parcelas y construcciones distribuidas por el término municipal.
El objetivo municipal pasa por impedir que continúe consolidándose un modelo de crecimiento basado en parcelaciones y edificaciones ilegales, un problema que desde hace años condiciona el desarrollo urbanístico del municipio.
La actuación no se limita únicamente a las órdenes de derribo. Paralelamente, el área de Urbanismo mantiene una intensa labor inspectora sobre el territorio mediante visitas técnicas, apertura de expedientes y adopción de medidas cautelares para detener obras antes de que lleguen a completarse.
Inspecciones, precintos y denuncias para impedir nuevas infracciones en Chiclana
Entre las actuaciones desarrolladas también destacan los precintos y paralizaciones de parcelaciones detectadas en suelo rústico, una medida preventiva que permite detener las obras mientras se tramita el correspondiente expediente administrativo.
En varias de estas intervenciones, además del precinto de las construcciones, se ha ordenado el corte de suministros como electricidad o abastecimiento de agua cuando las instalaciones carecían de autorización. Las inspecciones también han detectado viviendas prefabricadas, piscinas, cerramientos y otras edificaciones auxiliares que, al levantarse sin licencia en suelo no urbanizable, pueden derivar igualmente en órdenes de demolición.
La actividad inspectora ha venido acompañada igualmente de la remisión de denuncias al Ministerio Fiscal cuando los técnicos municipales han apreciado indicios de posibles delitos contra la ordenación del territorio.
Esta colaboración entre la administración local y la Fiscalía constituye uno de los mecanismos previstos por la normativa urbanística vigente para perseguir las infracciones más graves.
La normativa obliga a restaurar la legalidad urbanística en Chiclana
El marco jurídico que regula estas actuaciones se encuentra en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que establece la obligación de las administraciones competentes de iniciar procedimientos de restablecimiento de la legalidad cuando tengan conocimiento de obras o actuaciones que vulneren la normativa urbanística.
La legislación contempla que los expedientes puedan iniciarse tanto de oficio como a raíz de denuncias o informes de otros organismos. Cuando existen indicios de responsabilidad penal, la administración debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que determine si procede la apertura de actuaciones judiciales.
El Ayuntamiento insiste además en que la existencia de escrituras, referencias catastrales o contratos privados no convierte automáticamente una vivienda en legal desde el punto de vista urbanístico. La clasificación del suelo y la obtención de las correspondientes licencias continúan siendo los elementos determinantes para poder construir.
La problemática de las edificaciones irregulares lleva años ocupando un lugar destacado en la agenda urbanística de Chiclana, especialmente tras la anulación del anterior Plan General de Ordenación Urbana y la recuperación de las Normas Subsidiarias de 1987 como planeamiento vigente mientras avanza la elaboración del nuevo modelo urbanístico del municipio.
Desde el Consistorio se mantiene el llamamiento a los compradores para que soliciten información urbanística antes de adquirir terrenos o viviendas en el diseminado, con el fin de evitar inversiones que puedan terminar afectadas por expedientes sancionadores o por futuras órdenes de demolición.
La administración municipal sostiene que la vigilancia sobre el suelo rústico continuará siendo una prioridad para preservar la ordenación del territorio y evitar nuevas construcciones fuera de la legalidad.