El Ayuntamiento de Puerto Real frena el desalojo del Trocadero y exige un plan para salvar su patrimonio pesquero
Desalojo en la Isla del Trocadero, el conflicto que enfrenta a Puerto Real con Costas
El Ayuntamiento de Puerto Real ha solicitado formalmente a la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico la suspensión del procedimiento de recuperación del dominio público marítimo-terrestre que se inició sobre las casetas de la Isla del Trocadero, luego de que el pasado 12 de enero se notificara la apertura de 159 expedientes de desalojo a los ocupantes de este espacio.
La medida, según la resolución, concede diez días para abandonar los terrenos así como para retirar las construcciones, aunque numerosos afectados aseguran que no fueron informados previamente del inicio del proceso.
El Consistorio puertorrealeño, encabezado por el gobierno local, reclama a Costas que no avance en la ejecución de los desalojos sin antes abrir un marco de diálogo institucional para permitir diseñar una hoja de ruta común para la ordenación del enclave.
La propuesta municipal plantea la elaboración de un plan conjunto de recuperación que sea compatible la protección medioambiental con la preservación del valor histórico y social del lugar.
Según fuentes del Ayuntamiento de Puerto Real, la intención no es cuestionar el carácter público del terreno ni la necesidad de garantizar su conservación, más bien es de apostar por una gestión ordenada y participativa que evite la desaparición de un símbolo local.
“La actuación sobre la Isla del Trocadero debe abordarse desde el equilibrio entre la protección ambiental, la memoria histórica y la identidad cultural de Puerto Real”, han indicado desde el gobierno municipal.
Un patrimonio de la Bahía con valor histórico y social
Las casetas del Trocadero, construidas hace varias décadas por pescadores locales, forman parte del paisaje ya tradicional de la Bahía de Cádiz. El Ayuntamiento de Puerto Real las considera un testimonio vivo de la pesca artesanal y de una forma de vida estrechamente vinculada al entorno natural.
Estas pequeñas edificaciones de madera y chapa, ubicadas en una zona de marisma, han sido durante generaciones punto de encuentro y sustento de numerosas familias dedicadas al mar.
El Consistorio de Puerto Real insiste en que cualquier actuación debe partir de un proceso de regulación, no de erradicación.
Al respecto de ello se indica que “la recuperación del dominio público no puede traducirse en la desaparición de una tradición que ha conformado parte de la identidad puertorrealeña”.
En su propuesta, el gobierno local aboga por reconvertir este espacio en un referente medioambiental e histórico, integrando lo que son estas casetas dentro de un proyecto de recuperación paisajística que respete la normativa vigente y reconozca su valor patrimonial.
La Isla del Trocadero, declarada Paraje Natural en el año 1989, conserva además un notable interés ecológico, con zonas de marisma y hábitats de aves acuáticas.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Puerto Real considera que cualquier intervención debe realizarse “desde la colaboración interadministrativa y la planificación ambiental”, evitando actuaciones unilaterales que puedan generar conflicto social o deterioro del entorno.
La reclamación municipal llega en un contexto de diversos problemas y desacuerdos con la Demarcación de Costas sobre la gestión del litoral de Puerto Real. Entre ellos, el gobierno local ha recordado los problemas derivados del relleno de Las Cabezuelas, que está en la zona del Río San Pedro, que ha alterado la dinámica natural de la bocana y generado pérdida notable de arena en la margen donde se ubican las viviendas.
Esta situación, advierte el Ayuntamiento de Puerto Real, afecta al ecosistema costero y requiere de una actuación coordinada entre administraciones.
El Consistorio costero ha reiterado la necesidad de reparar el paseo de madera de la Playa de la Ministra, cuya deteriorada estructura es ya un riesgo para la seguridad de los usuarios y un obstáculo para el mantenimiento del frente litoral.
Puerto Real insiste en que la cooperación institucional debe ser la vía a fin de poder resolver estos conflictos. Recalcan desde el Consistorio que “solo desde el consenso podremos proteger nuestro patrimonio natural y cultural, garantizando a la vez el respeto a la legalidad y el bienestar de la ciudadanía”.