El Ayuntamiento de Sanlúcar lleva a la Fiscalía los vertidos al Guadalquivir y pide medidas urgentes
El Consistorio solicita una investigación sobre el impacto de la actividad minera en Aznalcóllar y Gerena y alerta de posibles consecuencias ambientales y económicas
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para solicitar diligencias de investigación y la adopción de medidas cautelares ante los vertidos al río Guadalquivir procedentes de las explotaciones mineras de Aznalcóllar y Gerena.
La iniciativa municipal busca aclarar si la actividad desarrollada en estas minas está provocando daños ambientales en el estuario y si existen posibles responsabilidades derivadas de esos vertidos.
La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, informó de la presentación del escrito y defendió la necesidad de actuar ante una situación que, según el Gobierno local, genera preocupación por sus posibles efectos sobre el ecosistema fluvial y sobre sectores económicos estrechamente vinculados al río.
La regidora recordó que el Ayuntamiento ha participado en distintas reuniones celebradas en Cádiz y Sevilla junto a colectivos ciudadanos, organizaciones ecologistas, representantes del sector pesquero e investigadores que vienen reclamando medidas para garantizar la conservación del Guadalquivir.
Entre esas acciones destacó el respaldo municipal a la movilización celebrada el pasado 9 de mayo en Sanlúcar, convocada para reclamar una mayor protección del estuario.
Sanlúcar: un estudio universitario alerta de riesgos ecológicos en varios puntos del estuario
La denuncia presentada ante la Fiscalía incorpora referencias a un estudio elaborado por investigadores de las universidades de Cádiz y Sevilla y publicado en septiembre de 2025. El trabajo actualiza el diagnóstico sobre la presencia de metales en el estuario del Guadalquivir y analiza su posible impacto sobre el entorno natural.
Según recoge el documento municipal, las concentraciones detectadas no superan los límites internacionales establecidos para considerar que existe toxicidad directa. Sin embargo, los investigadores identifican mediante distintos índices ambientales situaciones de riesgo ecológico moderado e incluso considerable en determinadas zonas del río.
El Ayuntamiento considera que estos resultados justifican la apertura de actuaciones que permitan determinar el origen de los contaminantes y evaluar si la actividad minera está teniendo consecuencias sobre un espacio considerado de alto valor ecológico.
La denuncia también subraya la importancia estratégica del Guadalquivir por su proximidad a Doñana y por la concentración de actividades agrícolas, pesqueras y turísticas que dependen de la calidad ambiental del estuario.
Desde el Consistorio se insiste en que cualquier deterioro del río podría tener repercusiones que trascienden el ámbito estrictamente ambiental y afectar a sectores productivos clave de toda la zona ribereña.
La denuncia advierte de posibles daños económicos y reclama actuaciones
El escrito remitido a la Fiscalía recuerda además que el Ayuntamiento presentó alegaciones al proyecto minero de Aznalcóllar durante su tramitación administrativa.
Esas alegaciones fueron finalmente desestimadas por la Junta de Andalucía, una circunstancia que el Gobierno local ha venido señalando en los últimos meses.
En la denuncia se plantea que la actividad minera podría estar generando una contaminación ilegal del estuario del Guadalquivir y provocando un perjuicio patrimonial y reputacional para los municipios vinculados al río.
A partir de esa consideración, el Ayuntamiento solicita que la Fiscalía determine si existen indicios de delitos relacionados con la administración pública, la salud pública o el medio ambiente.
La alcaldesa defendió que el Gobierno municipal ha mantenido una posición activa desde que surgieron las primeras alertas sobre esta cuestión.
Según explicó, la preocupación se centra tanto en la conservación de la biodiversidad como en las consecuencias que una eventual degradación ambiental podría tener sobre la actividad pesquera.
En este contexto, Carmen Álvarez destacó el peso económico del sector en Sanlúcar y recordó la relevancia del puerto de Bonanza dentro del sistema pesquero andaluz.
La evolución de la investigación que pueda abrir la Fiscalía será ahora uno de los elementos clave para determinar si procede la adopción de nuevas medidas de protección sobre el estuario y para aclarar el alcance real de los efectos atribuidos a la actividad minera en el entorno del Guadalquivir.