El Ayuntamiento sostiene que no hay excepcionalidad en el desahucio de Lorena pese a tener dos menores a su cargo
El Consistorio defiende que debe seguir el procedimiento ordinario de Procasa, mientras la afectada denuncia desamparo y falta de contacto directo
El Ayuntamiento ha defendido que no aprecia circunstancias de excepcionalidad en el caso del lanzamiento Lorena Al-lal Ferreira, madre de dos menores y en situación de vulnerabilidad reconocida por los propios Asuntos Sociales, que logró el aplazamiento in extremis de su desahucio este lunes 2 de febrero.
Según la versión municipal, la afectada debe seguir el procedimiento ordinario de adjudicación de vivienda a través del registro público de Procasa.
Desde el Consistorio señalan que Lorena está siendo atendida por los Servicios Sociales desde abril de 2025 y que en mayo de ese mismo año se le reconoció formalmente una situación de vulnerabilidad.
Añaden que recientemente ha sido atendida de urgencia por la Delegación y que el pasado viernes se remitió documentación al juzgado en la que se reconoce un riesgo de exclusión social moderado.
No obstante, el Ayuntamiento sostiene que en esa valoración no se aprecia ninguna circunstancia de excepcionalidad que permita omitir el procedimiento ordinario de adjudicación de vivienda, que, según remarcan, debe realizarse necesariamente a través del registro público de Procasa al tratarse de una relación vinculada a una propiedad privada.
Esta interpretación es cuestionada por la propia afectada y por su entorno, que subrayan que se trata de una unidad familiar con dos menores a cargo y que el desahucio fue aplazado en el último momento ante el riesgo real de quedarse en la calle sin una alternativa inmediata.
Recuerdan además que la posibilidad de medidas excepcionales en situaciones de emergencia habitacional, aunque su aplicación queda sujeta a la valoración técnica de los Servicios Sociales, cuando haya implicados menores en este tipo de casos.
Lorena añade además que su situación dentro del procedimiento ordinario hace inviable una solución a corto plazo. Según señala, actualmente se encuentra en el puesto 153 de la lista de demandantes de vivienda de Procasa, lo que aleja cualquier posibilidad de adjudicación en un plazo compatible con la nueva fecha fijada para el lanzamiento, prevista ahora para el 3 de marzo. “Me dicen que siga el procedimiento, pero estando tan atrás en la lista, ¿qué solución es esa para mis hijos ahora?”, plantea.
La madre de dos menores ha denunciado también la forma en la que vivió las horas previas al desahucio. Asegura que se sintió desamparada y sin alternativas claras. “Si me hubieran echado, no sabía dónde ir con mis hijos cuando los recogiera del colegio”, ha explicado, recordando además que ese día Cádiz estaba bajo los efectos de un temporal y alerta amarilla.
Según su relato, llegó a plantearse como única opción resguardarse en los bajos del propio Ayuntamiento. “Con el día que hacía, no sabía dónde meterme. Pensaba en ir allí abajo, donde estaba la cola de la final del Falla”, explica, en referencia a la concentración de personas que se produjo ese día en el centro de la ciudad.
En cuanto a la comunicación institucional, Lorena sostiene que se le trasladó que recibiría una llamada del alcalde o de algún miembro del equipo de gobierno tras la repercusión del caso en redes sociales.
Sin embargo, a primera hora de la mañana de este martes ese contacto no se había producido. Según explica, la única comunicación recibida ha sido un mensaje a través de redes sociales dirigido a un familiar, no a ella directamente, señalando que la llamaría.
El aplazamiento del desahucio, logrado tras un escrito presentado a primera hora por su abogado, ha permitido ganar un mes de margen, pero no ha despejado la incertidumbre. Durante este tiempo, Lorena prevé presentar formalmente la resolución judicial en Procasa y volver a insistir en la vía social, a la espera de que el Ayuntamiento valore alguna alternativa que evite que el lanzamiento vuelva a ejecutarse.
Mientras tanto, distintos colectivos sociales han mostrado su apoyo y han comenzado a movilizarse para acompañar a la familia en las próximas semanas. Con el 3 de marzo marcado de nuevo en el calendario, el caso sigue abierto, pendiente de si este margen de tiempo se traduce o no en una solución efectiva.