El Bartolo reabre la batalla con Costas y reclama la nulidad del deslinde de La Casería
El Bartolo pide la nulidad del deslinde de Costas en La Casería y reabre el conflicto por la playa
Los propietarios de la histórica cantina de San Fernando alegan un grave defecto administrativo en el procedimiento aprobado en 2002 y reclaman que se revise de oficio la orden ministerial que afecta a la zona.
La histórica cantina El Bartolo, situada en la playa de La Casería de San Fernando, ha iniciado un nuevo frente legal contra la Administración del Estado al solicitar la nulidad de pleno derecho del deslinde aprobado en 2002 para este tramo del litoral.
Los propietarios del establecimiento sostienen que el procedimiento administrativo incurrió en un error grave que vulneró sus derechos, ya que nunca fueron incluidos en el expediente ni recibieron notificación alguna durante su tramitación.
El movimiento llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía diera la razón a los responsables del negocio en otro litigio con la Demarcación de Costas.
En esa sentencia reciente, el alto tribunal andaluz rechazó la pretensión del organismo estatal de retirar la prórroga de la concesión otorgada en 2014 por la Junta de Andalucía, lo que supuso un importante respaldo judicial para la continuidad del establecimiento.
La nueva iniciativa jurídica plantea una revisión de oficio de la orden ministerial que fijó el deslinde del dominio público marítimo terrestre entre la zona de La Clica, en el caño de las Astillas, y Caño Herrera, en un tramo de costa de unos 3.685 metros.
La defensa del negocio, ese procedimiento administrativo presenta un defecto esencial: la cantina no aparece mencionada en el expediente pese a que su actividad estaba documentada y autorizada por la propia administración.
Tramitación del deslinde y El Bartolo
Los abogados de los propietarios sostienen que durante la tramitación del deslinde no se les notificó el proceso ni se les concedió el preceptivo trámite de audiencia.
Esa omisión, argumentan, les dejó en una situación de indefensión al impedirles presentar alegaciones o acogerse a las disposiciones transitorias de la Ley de Costas, que contemplaban la posibilidad de transformar antiguos derechos en concesiones administrativas de larga duración.
El caso resulta especialmente llamativo porque la cantina contaba con antecedentes administrativos conocidos por Costas.
En 1992 el establecimiento obtuvo una autorización oficial para ejercer como cantina de uso público, documento en el que ya se reconocía que el negocio funcionaba al menos desde 1936.
Para la defensa, ese dato demuestra que la administración tenía constancia suficiente de su existencia cuando se elaboró el deslinde.
Otro elemento que refuerza la argumentación es que la orden ministerial que aprobó el deslinde no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, algo habitual en aquella época.
Antes del año 2007 estas resoluciones se comunicaban individualmente a los propietarios afectados que figuraban en el expediente. Al no aparecer la cantina en esa relación, sus titulares nunca recibieron aviso oficial del procedimiento.
La solicitud de revisión fue presentada hace varios meses ante la Dirección General de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. El organismo aún se encuentra dentro del plazo legal para responder.
Si la administración rechazara la petición, los propietarios ya contemplan acudir a la Audiencia Nacional para solicitar la anulación del deslinde aprobado hace más de dos décadas.
El conflicto se enmarca en el proceso iniciado por Costas en 2020 para recuperar terrenos del dominio público marítimo terrestre en la playa de La Casería.
Aquella actuación derivó en la demolición de decenas de casetas tradicionales que ocupaban la línea de playa y generó una fuerte controversia social en San Fernando.
En paralelo el futuro urbanístico de este enclave sigue abierto. El Ministerio ha planteado en distintas ocasiones la creación de un paseo peatonal de unos ochocientos metros que recorrería el frente litoral hasta las inmediaciones del cementerio de San Carlos.
No obstante el proyecto aún no cuenta con presupuesto ni calendario de ejecución. Mientras tanto la resolución del conflicto jurídico sobre el deslinde puede terminar condicionando intervención futura en esta zona.