La polémica del comedor de Upace llegará al Pleno de Cádiz para pedir a la Junta más financiación
La situación del comedor escolar del centro de educación especial Infanta Doña Cristina de UPACE San Fernando llegará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Cádiz.
El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana llevará una moción para mostrar su preocupación por la decisión de la Junta de Andalucía de denegar la subvención destinada a este servicio para el curso 2025/2026 y para reclamar una financiación suficiente que garantice su funcionamiento.
La iniciativa será defendida por la concejala Helena Fernández, que ha advertido del impacto que esta decisión puede tener para numerosas familias de la provincia, muchas de la capital gaditana, cuyos hijos e hijas están escolarizados en este centro especializado en la atención a alumnado con parálisis cerebral y otras discapacidades severas.
Según explica la formación municipal, en la última convocatoria autonómica de ayudas al comedor escolar para centros de educación especial han participado 19 centros de toda Andalucía. Sin embargo, únicamente seis han resultado finalmente beneficiarios, mientras que once han quedado como suplentes —entre ellos varios de la provincia de Cádiz— y dos han sido directamente excluidos.
Desde Adelante Izquierda Gaditana consideran que estos datos evidencian que la financiación destinada a esta línea de subvenciones es “claramente insuficiente” para cubrir las necesidades reales de los centros que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales.
La exclusión del centro de UPACE San Fernando ha generado además una fuerte preocupación entre las familias del alumnado, que ya se movilizaron recientemente para denunciar la situación y reclamar una solución a la administración autonómica.
El comedor como parte del proceso educativo
La concejala Helena Fernández recuerda que el comedor escolar en los centros de educación especial no puede entenderse como un servicio complementario, sino como una parte del propio proceso educativo.
En estos centros, explica, el tiempo de comedor forma parte de la jornada escolar y se integra dentro de los programas educativos individualizados que siguen los alumnos y alumnas.
Para muchos niños y niñas con grandes necesidades de apoyo, aprender a comer, beber o utilizar utensilios forma parte de su desarrollo personal y de la adquisición de autonomía. En muchos casos se trata de alumnado con parálisis cerebral u otras discapacidades que afectan al control motor necesario para funciones básicas como masticar o tragar.
Por ello, el servicio de comedor requiere personal especializado y adaptaciones específicas que permiten trabajar aspectos como el control postural, la deglución o la prevención de atragantamientos.
“El comedor escolar en los centros de educación especial no es un extra, es parte del aprendizaje y del desarrollo de estos niños y niñas”, ha señalado Fernández, quien considera que negar esta ayuda supone “ignorar la realidad educativa y terapéutica que se desarrolla en estos centros”.
Un coste que recae sobre las familias
La pérdida de la subvención implica que muchas familias deban asumir ahora el coste del servicio de comedor para garantizar la continuidad de la atención educativa de sus hijos e hijas.
Según explica la edil, el gasto puede alcanzar cerca de mil euros anuales por familia, una cantidad que se suma a los numerosos costes que ya afrontan muchas familias con hijos con discapacidad, como terapias, tratamientos o apoyos especializados.
“Las familias con hijos e hijas con discapacidad ya afrontan numerosos gastos que no siempre están cubiertos por las administraciones. No es justo que además tengan que asumir el coste de un servicio que forma parte de la educación de sus hijos”, ha subrayado.
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Reclamar más financiación a la Junta
La moción que Adelante Izquierda Gaditana llevará al Pleno propone varios acuerdos dirigidos a reclamar soluciones a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.
Entre las medidas planteadas figura instar al Gobierno andaluz a reforzar la financiación destinada a las ayudas de comedor escolar para centros de educación especial, de manera que se garantice una cobertura suficiente para todos los centros que lo necesiten.
La iniciativa busca también que se tenga en cuenta la especificidad de estos centros educativos, donde el servicio de comedor está directamente vinculado al proceso educativo, terapéutico y de desarrollo personal del alumnado con discapacidad.