El comité de Parques y Jardines desmiente al Ayuntamiento y afirma que el "protocolo de la vergüenza" se aplica desde el 10 de julio
Los representantes sindicales aseguran que los operativos con Policía Local comenzaron el pasado verano y niegan que se trate de un procedimiento histórico como sostiene el alcalde
El comité de empresa del servicio de Parques y Jardines de Cádiz ha vuelto a desmentir la versión del Ayuntamiento y asegura ahora que el denominado “protocolo de la vergüenza” se aplica desde el 10 de julio, rechazando así la tesis municipal de que se trata del mismo procedimiento que se venía desarrollando en etapas anteriores.
En una nueva nota pública, los representantes sindicales sostienen que los operativos en parques y plazas, con la participación conjunta de personal de jardines y agentes de la Policía Local, comenzaron el pasado verano y no forman parte de una práctica histórica, como ha defendido el alcalde, Bruno García.
El comité insiste en que el protocolo denunciado no se limita a tareas ordinarias de limpieza, sino que responde a un dispositivo específico que implica recorridos sistemáticos por distintos puntos de la ciudad donde pernoctan personas sin hogar. A su juicio, la versión ofrecida por el Ayuntamiento no se ajusta a la realidad de las actuaciones desarrolladas desde julio.
Los representantes sindicales reiteran que el personal de jardines está siendo destinado a tareas que consideran ajenas a sus funciones laborales y vuelven a exigir la retirada de la sanción impuesta a un trabajador que se negó a participar en estos operativos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz ha defendido en reiteradas ocasiones que el procedimiento es el mismo que se aplicaba con anterioridad y que no existe ningún protocolo de hostigamiento. El alcalde ha anunciado recientemente un refuerzo del control interno mediante una firma tripartita —Policía Local, Parques y Jardines y equipo de calle— para certificar que cada actuación se realiza conforme a las normas y con respeto a los derechos de las personas afectadas.
El Consistorio sostiene que no se retiran pertenencias personales y que la presencia policial responde únicamente a labores de apoyo.
Una polémica que sigue creciendo
La controversia se abrió tras la primera denuncia del comité, que calificó el procedimiento como “ilegal e inhumano”. Desde entonces, el conflicto ha ido sumando actores: la empresa adjudicataria negó haber dado órdenes de desalojo; el PSOE acusó al alcalde de ignorar advertencias previas; colectivos sociales pidieron responsabilidades políticas; y Adelante Izquierda Gaditana solicitó la creación de una Comisión de Investigación sobre los denominados “protocolos de la vergüenza”.
Con esta nueva afirmación sobre la fecha de inicio (10 de julio según la representación sindical) el comité introduce un elemento cronológico clave que intensifica el enfrentamiento con el Gobierno municipal y mantiene abierto el debate sobre la gestión de las personas sin hogar en la ciudad.