El Defensor del Pueblo reprochó al Ayuntamiento de Cádiz su silencio sobre el caso Carranza
La advertencia institucional se produjo en 2025 tras varios requerimientos sin respuesta del Consistorio
La polémica sobre el nombre del estadio municipal de Cádiz suma ahora un nuevo antecedente institucional. Una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz revela que el Ayuntamiento de Cádiz ya fue advertido en 2025 por su falta de respuesta a un ciudadano que había solicitado información sobre la legalidad del nombre Carranza en relación con la Ley de Memoria Histórica.
El documento, publicado en la web del propio organismo, recoge una recomendación formal al Consistorio para que respondiera a la solicitud planteada por el interesado, quien había reclamado expresamente un informe jurídico municipal que aclarara si la denominación Carranza incumplía la legislación de memoria democrática.
Según explica el Defensor del Pueblo Andaluz en la resolución, la reclamación ciudadana se había presentado años antes sin obtener contestación expresa por parte del Ayuntamiento. Ante esa situación, la institución decidió admitir a trámite la queja y dirigirse al Consistorio para que ofreciera una respuesta motivada.
Sin embargo, el proceso estuvo marcado por la falta de colaboración municipal. El Defensor llegó a reiterar su petición en varias ocasiones durante 2021 y 2022 ante la ausencia de contestación por parte de la administración local.
La resolución recuerda que las administraciones públicas tienen la obligación legal de responder a las solicitudes de los ciudadanos dentro de los plazos establecidos por la normativa administrativa. En este caso, el organismo considera que el silencio municipal vulneraba el principio de buena administración y el derecho de los ciudadanos a recibir una respuesta expresa de la administración.
Además, el Defensor del Pueblo Andaluz subraya en su resolución que el silencio del Ayuntamiento suponía también un incumplimiento del deber legal de colaboración con la propia institución durante la investigación de la queja.
Por todo ello, el organismo formuló una recomendación al Ayuntamiento para que respondiera “de forma urgente” a la solicitud del ciudadano y recordaba al Consistorio su obligación de auxiliar al Defensor del Pueblo en sus actuaciones de control administrativo.
La resolución se produjo en junio de 2025, meses antes de que el debate sobre el nombre del estadio volviera a situarse en el centro de la actualidad política local con el expediente impulsado por el Ayuntamiento para estudiar la recuperación del nombre Carranza.
Aquel proceso, anunciado en julio de 2024 por el alcalde Bruno García tras una petición del Cádiz CF, generó desde el inicio advertencias legales, críticas de asociaciones memorialistas y una intensa polémica política en la ciudad.
Con el paso de los meses, el expediente fue perdiendo impulso. En septiembre de 2025 el propio alcalde reconoció públicamente que el cambio de nombre ya no era una prioridad para su equipo de Gobierno.
Un expediente aún sin aclarar
La situación del expediente Carranza sigue generando controversia. En febrero de 2026 la plataforma ciudadana Carranza Incumple denunció que el Ayuntamiento solo había entregado tres documentos del expediente pese a que el Pleno municipal había aprobado en dos ocasiones facilitar la documentación completa.
Según la plataforma, el Consistorio ha mantenido una actitud de “opacidad total” sobre el proceso y ha incumplido los acuerdos plenarios que obligaban a remitir la información solicitada por colectivos ciudadanos.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía llegó incluso a requerir formalmente al Ayuntamiento para que facilitara el acceso al expediente.
El debate reaparece tras el patrocinio del estadio
La publicación de la resolución del Defensor coincide además con un nuevo capítulo en la polémica sobre el estadio municipal. El Cádiz CF anunció a comienzos de marzo el acuerdo de patrocinio por el que el recinto pasa a denominarse comercialmente JP Financial Estadio durante los partidos del primer equipo.
Casi dos semanas después de ese anuncio, el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha anunciado que llevará el asunto al próximo Pleno del Ayuntamiento para exigir transparencia sobre las condiciones económicas del acuerdo.
La formación también ha reclamado que el Gobierno municipal cierre definitivamente el expediente abierto para estudiar la recuperación del nombre Carranza y que se proceda a la rotulación oficial del estadio con su denominación actual de Nuevo Mirandilla.
Mientras tanto, el documento del Defensor del Pueblo Andaluz añade un nuevo elemento al debate: la advertencia institucional de que el Ayuntamiento ya fue reprochado por su silencio sobre este asunto.
Un silencio que, según denuncian ahora colectivos ciudadanos y grupos de la oposición, sigue sin resolverse plenamente años después.