El exresponsable de la UDEF niega vínculos con la trama de narcotráfico del Puerto de Algeciras
El exjefe de la UDEF niega vínculos con el mayor alijo de cocaína de Algeciras y denuncia corrupción en Aduanas
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El exresponsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Óscar Sánchez Gil, ha rechazado cualquier implicación en la red de narcotráfico investigada por la Audiencia Nacional tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el Puerto de Algeciras.
Durante su declaración judicial, el antiguo mando policial sostuvo además que existiría una presunta estructura corrupta vinculada a agentes de Aduanas que, según su versión, estaría siendo ignorada por los investigadores.
El caso mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre el funcionamiento de la organización y las posibles filtraciones internas relacionadas con uno de los mayores alijos interceptados en Europa.
La declaración ante la Audiencia Nacional
Sánchez Gil compareció por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, instructor de la causa. Según las informaciones conocidas tras la declaración, el exjefe policial respondió únicamente a las preguntas formuladas por su defensa y negó haber colaborado con la organización criminal investigada.
La investigación judicial sostiene que el antiguo responsable de la UDEF habría facilitado información policial sensible a cambio de importantes pagos económicos.
Los informes incorporados a la causa apuntan a movimientos patrimoniales y a la utilización de sociedades y criptomonedas como posibles mecanismos para ocultar el origen de los fondos bajo sospecha.
Durante su intervención, el investigado defendió que la instrucción estaría dejando fuera una supuesta red de corrupción relacionada con funcionarios de Aduanas.
Esa acusación forma ahora parte del procedimiento, aunque por el momento no se han conocido actuaciones judiciales concretas derivadas de esas afirmaciones.
El magistrado mantiene abierta la investigación sobre las conexiones de la organización con distintos puntos de España y sobre la posible participación de funcionarios públicos en tareas de protección o filtración de información reservada.
El impacto del alijo de 13 toneladas en Algeciras
La causa tomó una dimensión nacional tras la intervención, en octubre de 2024, de 13 toneladas de cocaína ocultas en contenedores que llegaron al Puerto de Algeciras. Aquella operación fue considerada entonces la mayor incautación de cocaína realizada en España y una de las más importantes registradas en Europa.
La operación fue desarrollada conjuntamente por Policía Nacional y Agencia Tributaria. Los investigadores detectaron una infraestructura internacional dedicada a introducir grandes cantidades de droga a través de rutas marítimas comerciales.
El volumen de la mercancía intervenida situó de nuevo al puerto gaditano en el centro de las investigaciones sobre narcotráfico internacional.
El Puerto de Algeciras es uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa y mueve cada año millones de toneladas de mercancías procedentes de distintos continentes.
Precisamente ese enorme volumen de tráfico convierte a las terminales portuarias en puntos sensibles para las organizaciones criminales especializadas en el transporte de cocaína mediante contenedores.
Las pesquisas posteriores llevaron a los investigadores a centrar parte de sus sospechas en posibles filtraciones internas y en la colaboración de personas con acceso a información policial o aduanera.
Una investigación todavía abierta
La Audiencia Nacional continúa recopilando documentación y declaraciones dentro de una causa que permanece bajo secreto parcial en algunos aspectos. Los investigadores tratan de determinar el alcance real de la organización y el papel que pudieron desempeñar distintos intermediarios relacionados con el entorno portuario y policial.
La defensa de Sánchez Gil insiste en que no existen pruebas directas que lo vinculen con el tráfico de drogas y sostiene que las acusaciones se apoyan en interpretaciones económicas y contactos profesionales derivados de su etapa policial.
La Fiscalía, por su parte, mantiene que existen indicios suficientes para continuar investigando sus movimientos y relaciones con otros implicados.
El procedimiento sigue avanzando mientras se analizan dispositivos electrónicos, operaciones financieras y comunicaciones intervenidas durante los últimos meses.
La causa se ha convertido en una de las investigaciones más relevantes abiertas actualmente sobre narcotráfico y presunta corrupción vinculada al entorno portuario español.