El Gobierno aprueba 120 millones para reconstruir infraestructuras dañadas por las borrascas en la provincia de Cádiz
El Gobierno resuelve 120 millones para reparar daños del temporal en 19 municipios de Cádiz
Un total de 19 municipios de la provincia de Cádiz recibirán cerca de 120 millones de euros para financiar la reconstrucción y reparación de infraestructuras dañadas por las borrascas que afectaron a Andalucía entre los meses de noviembre y febrero.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha resuelto ya la concesión de 119,6 millones de euros dentro del programa extraordinario de ayudas aprobado por el Gobierno para responder a los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos registrados durante ese periodo.
La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, destacó que esta primera resolución supone dar respuesta a casi el 56% de las solicitudes presentadas por los municipios gaditanos afectados.
Pero el volumen definitivo de ayudas será superior, ya que todavía permanecen en tramitación otros expedientes que se encuentran en fase de resolución o pendientes de subsanación documental.
Actualmente son 34 los municipios de la provincia que pueden acogerse a estas ayudas con financiación íntegra para reparar los daños ocasionados por el temporal, por lo que aún quedan quince localidades a la espera de nuevas resoluciones aprobatorias.
Más ayudas pendientes para los municipios afectados
Blanca Flores señaló que la actuación del Ejecutivo comenzó durante la propia emergencia, con el despliegue de efectivos y recursos de diferentes organismos de la Administración General del Estado.
Entre ellos participaron Guardia Civil, Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias y varios ministerios implicados en la gestión de los daños y la recuperación de infraestructuras.
Según explicó la subdelegada, la coordinación se desarrolló en colaboración con los ayuntamientos afectados y con la Junta de Andalucía, administración competente en la gestión de la emergencia.
Una vez finalizada la situación de riesgo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2026, mediante el cual se movilizaron 7.000 millones de euros en ayudas destinadas a paliar los efectos de los temporales en Andalucía y Extremadura.
El paquete contempla medidas dirigidas a particulares, autónomos, empresas y entidades locales.
Dentro de ese programa extraordinario, 2.000 millones de euros están reservados específicamente para actuaciones municipales relacionadas con la reparación de infraestructuras dañadas y la construcción de nuevas obras destinadas a prevenir futuras inundaciones y avenidas.
Qué actuaciones podrán financiar los ayuntamientos
Los fondos concedidos permitirán ejecutar una amplia variedad de intervenciones en los municipios afectados. Entre ellas figuran la reparación de carreteras y caminos, la reconstrucción de edificios públicos, instalaciones municipales y equipamientos dañados por las lluvias, así como la restitución de escolleras y muros de contención deteriorados por el temporal.
Las subvenciones también cubrirán obras preventivas destinadas a reducir el impacto de futuros episodios meteorológicos extremos. En este apartado se incluyen actuaciones como el encauzamiento de ramblas, el desvío de cauces, la separación de redes de aguas pluviales, la construcción de diques, canalizaciones y colectores.
Desde la Subdelegación del Gobierno destacan además el impacto económico que tendrán estas inversiones sobre el territorio. Los procedimientos de contratación serán promovidos por los propios ayuntamientos, circunstancia que puede favorecer la actividad económica local y la generación de empleo vinculada a las obras de reconstrucción y mejora.
Financiación completa y anticipos del 100%
Una de las principales novedades de esta convocatoria es que el Estado financiará de manera extraordinaria el 100% de las actuaciones aprobadas. Esto permitirá que los municipios no tengan que asumir aportaciones económicas propias para acometer las obras necesarias.
Además, las entidades locales recibirán un anticipo equivalente al importe total de la subvención concedida, una medida diseñada para evitar tensiones de tesorería y acelerar el inicio de los proyectos.
El programa también contempla la posibilidad de incorporar nuevas actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos, así como impulsar infraestructuras históricas cuya ejecución había resultado difícil por su elevado coste.
Igualmente el plazo de ejecución de las obras se amplía hasta tres años, una medida especialmente relevante para los municipios con menor capacidad técnica y administrativa que deberán gestionar proyectos de gran envergadura durante los próximos ejercicios.