El Gobierno congela los precios de los hoteles tras la borrasca Leonardo, estas son las 14 localidades afectadas
El Gobierno limita durante una semana los precios hoteleros en 14 municipios afectados por la borrasca Leonardo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una medida excepcional para proteger a las familias desalojadas por la borrasca Leonardo, que ha provocado graves incidencias en distintas zonas del sur de España.
Por primera vez, el Ejecutivo activa el nuevo Real Decreto-ley de emergencia de precios, limitando durante una semana las tarifas de los servicios hoteleros en catorce municipios de Andalucía y Extremadura.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy, entrará en vigor el miércoles 18 de febrero y se mantendrá hasta el próximo día 25.
El objetivo es evitar subidas repentinas de precios en los alojamientos turísticos mientras parte de la población evacuada continúa fuera de sus viviendas y el flujo de visitantes comienza a normalizarse.
14 municipios bajo control de precios en la zona de Grazalema
Los municipios afectados por esta limitación temporal son Grazalema, Jerez, Ubrique y Vejer de la Frontera en la provincia de Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto en Jaén; Benaoján y Ronda en Málaga; y Burguillos del Cerro y Medellín en Badajoz.
En estos lugares, las fuertes lluvias y vientos provocados por la borrasca Leonardo obligaron a desalojar a decenas de personas, algunas de las cuales permanecen todavía realojadas en establecimientos hoteleros o alojamientos turísticos.
Según los criterios aprobados por el Gobierno, la medida se aplica en municipios donde haya más de diez personas evacuadas y donde estas representen al menos el 0,1 % de la población total.
La norma impide a hoteles, hostales y apartamentos turísticos incrementar sus precios respecto a los vigentes en el mes anterior al inicio de la emergencia.
También los establecimientos deberán informar de forma transparente a los consumidores sobre la existencia de esta limitación y detallar los precios aplicables.
El decreto contempla también que, en caso de incumplimiento, los consumidores tendrán derecho a reembolso, fortaleciendo así la protección frente a posibles abusos o prácticas especulativas.
Esta intervención busca evitar un efecto inflacionario inmediato en el sector del alojamiento, especialmente en zonas donde la demanda se ha disparado por la necesidad de realojo temporal.
En palabras de fuentes del Ministerio, “el propósito no es interferir en la actividad económica habitual, sino garantizar condiciones justas en un contexto de vulnerabilidad social y emergencia climática”.
Primera aplicación del nuevo Real Decreto-ley
El acuerdo supone la primera activación del nuevo mecanismo legal aprobado la semana pasada, que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para fijar límites de precios en bienes y servicios básicos o fundamentales.
Hasta ahora, no existía una herramienta legal que habilitara al Gobierno a intervenir directamente en sectores económicos por motivos de protección social inmediata.
Según el texto oficial, esta medida podrá aplicarse en cualquier territorio del Estado “cuando se acredite un riesgo de desabastecimiento, encarecimiento injustificado o alteración grave del acceso equitativo a servicios básicos”.
El Ministerio de Derechos Sociales ha destacado que el acuerdo cuenta con la colaboración de las autoridades autonómicas y municipales, que han facilitado el censo de establecimientos y el registro de familias afectadas.
Paralelamente se ha habilitado un canal de atención directa para reclamaciones de consumidores a través del Instituto Nacional de Consumo.
El Consejo de Ministros también ha expresado un agradecimiento formal a los establecimientos hoteleros que han colaborado con las administraciones locales para agilizar el realojo de las familias evacuadas.
En municipios como Grazalema o Cazorla, decenas de alojamientos han ofrecido habitaciones a precios reducidos o incluso sin coste durante las primeras horas tras los desalojos.
El ministro Pablo Bustinduy subrayó que “la solidaridad de los vecinos y de los empresarios turísticos ha sido ejemplar”, recordando que “las emergencias climáticas exigen no solo respuestas inmediatas, sino mecanismos de justicia económica y protección social que eviten abusos en momentos de crisis”.
El Ejecutivo continuará evaluando la situación meteorológica y no descarta prolongar la medida si las condiciones lo requieren.
Entre tanto, las familias afectadas por la borrasca Leonardo esperan poder regresar a sus hogares a lo largo de la próxima semana, una vez concluyan las tareas de inspección y reparación en las zonas más dañadas.