El Gobierno instala barreras en el Guadalquivir para frenar las narcolanchas: así será el proyecto de 8 millones
El Consejo de Ministros toma conocimiento de una inversión de ocho millones de euros destinada a reforzar el control del estuario y de varios caños de Sanlúcar de Barrameda
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El Ejecutivo ha dado un nuevo paso en su estrategia para reforzar la vigilancia del río Guadalquivir, uno de los puntos que en los últimos años ha adquirido mayor relevancia para las rutas del narcotráfico en el sur de España.
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del contrato impulsado por el Ministerio del Interior para la instalación de tres barreras flotantes de alta resistencia, una actuación que contará con una inversión de ocho millones de euros y que pretende dificultar el acceso de embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales.
La medida forma parte del Plan Especial de Seguridad contra el Narcotráfico que el Gobierno mantiene activo desde 2018 y responde al desplazamiento progresivo de parte de la actividad de los clanes hacia el Bajo Guadalquivir, una zona que ha cobrado protagonismo como vía de entrada y transporte de droga.
Las nuevas infraestructuras estarán situadas en el estuario del río y en dos de sus principales caños a la altura de Sanlúcar, un enclave considerado estratégico para controlar el tránsito de embarcaciones rápidas.
Un proyecto pensado para limitar el paso de las embarcaciones del narcotráfico
Según la información facilitada por el Gobierno, las barreras permitirán restringir el acceso de las conocidas narcolanchas sin impedir la navegación autorizada.
El contrato incluye el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de estos sistemas flotantes, cuya ejecución fue tramitada por la vía de emergencia con el objetivo de reducir los plazos administrativos.
La iniciativa busca reforzar el control de una zona que desde hace años preocupa a las fuerzas de seguridad.
El endurecimiento de la presión policial en otros puntos de la costa andaluza ha favorecido que determinadas organizaciones criminales hayan desplazado parte de su actividad hacia el entorno del Guadalquivir, aprovechando la complejidad del sistema fluvial para mover embarcaciones y mercancías ilícitas.
El Ministerio del Interior considera que estas barreras supondrán un complemento a los dispositivos policiales ya existentes y a las actuaciones de vigilancia desarrolladas por Guardia Civil y Policía Nacional en el marco de la lucha contra las redes dedicadas al tráfico de drogas.
La actuación se integra en el plan especial contra las mafias en el Guadalquivir
Durante la presentación del avance del proyecto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, defendió que la instalación de estas estructuras se suma al conjunto de medidas desplegadas dentro del Plan Especial de Lucha contra el Narcotráfico.
Conforme con los datos oficiales, desde la puesta en marcha de ese plan se han realizado más de 48.000 operaciones, se ha detenido o investigado a más de 32.400 personas y se han intervenido más de 2.200 toneladas de droga.
La actuación representa además uno de los proyectos de mayor inversión reciente orientados específicamente al control físico de las rutas fluviales utilizadas por las organizaciones criminales.
El Gobierno sostiene que la combinación de recursos tecnológicos, presencia policial y nuevas infraestructuras resulta necesaria para dificultar la movilidad de las embarcaciones dedicadas al transporte de estupefacientes.
La experiencia previa abre el debate sobre su eficacia
La instalación de barreras flotantes no constituye una medida inédita en Andalucía. El precedente más conocido se encuentra en el río Guadarranque, en el Campo de Gibraltar, donde un sistema similar fue implantado hace años para impedir el paso de embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Sin embargo, esa experiencia también ha generado dudas entre algunas asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que han recordado los episodios de sabotaje sufridos por aquellas infraestructuras.
Esas organizaciones sostienen que las barreras pueden convertirse en un elemento útil siempre que vayan acompañadas de recursos suficientes para garantizar su vigilancia, mantenimiento y capacidad de respuesta frente a posibles daños provocados por los propios grupos criminales.
Pese a esas reservas, el Gobierno mantiene su calendario para que las nuevas barreras del Guadalquivir entren en funcionamiento durante 2027, con el objetivo de reforzar la protección de uno de los corredores fluviales que mayor atención concentra actualmente dentro de la estrategia estatal contra el narcotráfico.