El Guadalquivir pone en alerta a Sanlúcar y Chipiona: los vertidos mineros que preocupan en la desembocadura
La manifestación del 17 de octubre reclamará una moratoria a los nuevos vertidos mientras crece la preocupación por sus posibles efectos sobre el estuario, Doñana y actividades como la pesca, la agricultura y el turismo
Sanlúcar de Barrameda y Chipiona estarán a más de cien kilómetros de la manifestación convocada en Sevilla para el próximo 17 de octubre, pero se encuentran en uno de los puntos donde termina desembocando cualquier problema que recorra el Guadalquivir.
La protesta contra los nuevos vertidos vinculados a proyectos mineros vuelve así a colocar el foco sobre el tramo final del río, un espacio estrechamente relacionado con Doñana y con actividades económicas esenciales para la costa gaditana, especialmente la pesca, la agricultura y el turismo.
La movilización está convocada para las 12.00 horas ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. La Plataforma Salvemos el Guadalquivir, Ecologistas en Acción y Greenpeace reclaman una moratoria que frene nuevos vertidos y la constitución de un comité científico independiente que analice sus posibles efectos.
Por qué el problema preocupa especialmente en Sanlúcar y Chipiona
La situación geográfica explica buena parte de la inquietud. Sanlúcar se encuentra en la desembocadura del Guadalquivir, frente a Doñana, mientras que las aguas del estuario terminan encontrándose con el Atlántico junto a la costa de Chipiona. No se trata, por tanto, de un debate exclusivamente sevillano.
La propia economía sanluqueña mantiene una estrecha relación con este entorno. Pesca, agricultura y turismo son tres de sus principales actividades, y la desembocadura constituye además una zona relevante para distintas especies de interés pesquero.
La preocupación cuenta también con respaldo institucional en la provincia. En julio, los alcaldes de Sanlúcar y Chipiona participaron, junto a los de Coria del Río y Los Palacios y Villafranca y distintas entidades, en una petición para paralizar nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y someter sus efectos a una evaluación científica independiente.
El proyecto de Aznalcóllar contempla una conducción hasta el río
Uno de los proyectos que está en el centro de la controversia es la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La explotación de Minera Los Frailes fue autorizada por la Junta de Andalucía en mayo de 2025.
La documentación publicada posteriormente en el Boletín Oficial del Estado recoge expresamente una infraestructura destinada al “vertido de aguas de depuración” desde la mina hasta el Guadalquivir.
La instalación prevista consiste en una tubería que partirá de la planta de tratamiento de agua de Aznalcóllar y llegará hasta una arqueta de descarga situada en el río, en el término municipal de Santiponce.
Los convocantes relacionan esta explotación con la actividad minera de Cobre Las Cruces y advierten del efecto acumulado que podrían tener los vertidos sobre el estuario durante los próximos años. Es precisamente esa suma de proyectos la que quieren que sea evaluada antes de continuar con nuevas descargas.
Los estudios científicos mantienen abierto el debate sobre el estuario
La discusión ha llegado también al terreno científico. Un estudio de las universidades de Sevilla y Cádiz publicado en 2025 detectó mayores concentraciones de la mayoría de los metales analizados en determinados sedimentos del estuario.
Los investigadores señalaron que las concentraciones más elevadas en su zona alta coincidían con la proximidad del área de vertido de Cobre Las Cruces y constataron también afectación en la desembocadura.
Existen, sin embargo, análisis con conclusiones diferentes. Un dictamen elaborado desde el Área de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Sevilla sobre datos correspondientes al periodo 2010-2024 concluyó que la actividad de Cobre Las Cruces no había generado impactos adversos en el estuario y situó los niveles analizados por debajo de los límites ambientales.
Ese contraste es uno de los argumentos que refuerza la petición de un comité independiente. Para Sanlúcar y Chipiona, el debate trasciende la ubicación concreta de las minas: lo que ocurra aguas arriba termina siendo especialmente relevante en una desembocadura donde confluyen espacios protegidos, recursos pesqueros y buena parte de la actividad económica ligada al Guadalquivir.