El juez envía a prisión a Pascual Llopis y otro empresario y deja en libertad provisional al resto de detenidos en la investigación por presunto blanqueo
La causa investiga además presuntos delitos de organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada
El Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del empresario portuense Pascual Llopis y de Mario G.L., dentro de la investigación que dirige la Guardia Civil por un presunto entramado de blanqueo de capitales y otros delitos.
Ambos son las dos únicas personas que ingresarán en prisión tras la comparecencia judicial celebrada durante la jornada.
Los otros seis detenidos que pasaron este viernes a disposición judicial han quedado en libertad provisional con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), todos los investigados que comparecieron este viernes se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
Entre las personas que han quedado en libertad provisional figuran la esposa y el hijo de Pascual Llopis, así como C.V. y M.A.V., empresarios gaditanos vinculados al sector del ocio nocturno, la hostelería y la organización de conciertos y festivales en la provincia de Cádiz.
Según señala Diario de Cádiz, también quedaron en libertad provisional E.M.G., A.P.L., A.P. y A.M.V., todos ellos investigados dentro del mismo procedimiento.
La investigación se centra en un supuesto entramado empresarial que, según las diligencias judiciales, podría haber servido para canalizar dinero procedente del narcotráfico mediante distintas sociedades mercantiles relacionadas con el sector del ocio y la organización de eventos.
Los delitos que investiga el juez
La causa investiga presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
El operativo comenzó el pasado miércoles con registros simultáneos en distintos negocios, oficinas y viviendas de El Puerto de Santa María y otros municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla. Durante esas actuaciones, la Guardia Civil intervino más de un millón de euros en efectivo en los registros practicados en inmuebles vinculados al principal investigado, según la información difundida por distintos medios.
Cinco contratos de patrocinio bajo la lupa
Las diligencias no se limitaron a los registros en empresas y domicilios. Los investigadores también acudieron al Edificio Roma de la Diputación de Cádiz para requerir cinco expedientes de contratos de patrocinio tramitados por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, dirigida por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo.
Los contratos solicitados corresponden a distintos eventos musicales y de ocio promovidos por empresas vinculadas al entorno empresarial de Pascual Llopis y superan el millón de euros de importe conjunto. Entre ellos figura el patrocinio del festival Puro Latino, además de otros expedientes relacionados con la Preferia de El Puerto y el circuito Pal Sur Festival.
La Guardia Civil también solicitó información a la Junta de Andalucía sobre otros contratos de patrocinio relacionados con el festival Puro Latino, dentro de unas diligencias que continúan abiertas y cuyo alcance definitivo dependerá del avance de la instrucción judicial.
La decisión adoptada este viernes supone un nuevo paso en una investigación que permanece abierta y que todavía se encuentra en fase de instrucción. Será el análisis de la documentación intervenida, de los contratos públicos incorporados a la causa y del resto de diligencias practicadas el que determine si existen nuevas responsabilidades o actuaciones judiciales en las próximas semanas.
La presunción de inocencia de todas las personas investigadas se mantiene plenamente vigente durante todo el procedimiento hasta que exista, en su caso, una resolución judicial firme.