El Juzgado de Instrucción procesa al exalcalde de Cádiz ‘Kichi’ por presunta prevaricación administrativa
Por la contratación de un asesor externo durante su etapa al frente del Ayuntamiento, aunque el procesamiento no implica aún la apertura de juicio
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha acordado seguir las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado contra el exalcalde José María González “Kichi”, al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa, según informó Europa Press.
El auto hace referencia a la actuación de un asesor externo que, de acuerdo con la investigación judicial, habría ejercido funciones reservadas a personal municipal sin estar formalmente habilitado para ello.
La resolución judicial también incluye a David Navarro, José Vicente Barcia, José Ramón Páez, Laura Jiménez y al propio asesor investigado. Según el texto del juez, estas personas habrían intervenido de forma coordinada para otorgar al asesor facultades no contempladas en el ordenamiento jurídico.
Los hechos se sitúan entre abril de 2018 y abril de 2019, periodo en el que el asesor (adscrito al grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede) participó en tareas de gestión municipal, siempre según la versión recogida en el auto.
El magistrado aprecia indicios suficientes para mantener la investigación, apoyándose en informes policiales y comunicaciones electrónicas. En una de ellas, el asesor se dirigía a una funcionaria para recordar un trámite de contratación, según consta en la documentación judicial.
El procesamiento no supone la apertura de juicio, sino el fin de la fase de instrucción. Corresponde ahora al Ministerio Fiscal y a las acusaciones decidir si presentan o no escrito de acusación. Solo en ese caso se abriría juicio oral.
La defensa del exalcalde
Durante su declaración en junio de 2024, José María González “Kichi” defendió que todas las decisiones se adoptaron “con estricto cumplimiento de la legalidad” y en beneficio de la ciudad. El exregidor insistió en que su equipo actuó conforme a la normativa y negó que el asesor tuviera poder de decisión sobre funcionarios.
El auto, emitido en coherencia con el informe del Ministerio Fiscal de junio de 2025, concluye la instrucción y deja abierta la posibilidad de que la causa continúe o se archive, en función de las decisiones de la Fiscalía.