El Juzgado inicia el procedimiento contra el complemento de productividad de playas de la Policía Local de Cádiz
Autonomía Obrera recurrió el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento y la justicia emplaza ahora a los posibles interesados para que puedan personarse en el proceso
Síguenos en Google
El recurso judicial presentado por Autonomía Obrera contra el polémico complemento de productividad de playas aprobado por el Ayuntamiento de Cádiz para la Policía Local sigue avanzando en los tribunales.
El acuerdo recurrido contempla pagos de entre 317 y 353 euros por jornada para los agentes que prestan servicio en las playas durante la temporada estival.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cádiz ha dado un nuevo paso en la tramitación del procedimiento derivado del recurso presentado por la organización sindical contra el acuerdo municipal que reguló este sistema retributivo vinculado al servicio de playas, un asunto que lleva meses generando debate dentro de la plantilla municipal.
El anuncio de emplazamiento publicado por el juzgado informa de la existencia del Procedimiento Abreviado 82/2026, derivado del recurso interpuesto por Autonomía Obrera contra el acuerdo aprobado por el Pleno municipal en septiembre de 2024 relacionado con la organización del servicio de playas y la asignación del complemento de productividad asociado.
Con este trámite, la justicia abre la posibilidad de que aquellas personas o entidades que puedan verse afectadas por el resultado del procedimiento comparezcan en la causa si consideran que tienen interés legítimo en el asunto.
La organización sindical ya había anunciado anteriormente su intención de acudir a los tribunales al considerar que la medida presentaba importantes deficiencias jurídicas y organizativas. Según sostiene, el sistema aprobado transformaba en productividad una retribución que, a su juicio, no respondía a los requisitos exigidos para este tipo de complemento.
El origen de la polémica
La polémica se remonta a la propuesta municipal para garantizar la presencia de agentes en las playas durante la temporada estival mediante un sistema específico de organización del servicio acompañado de una compensación económica.
La documentación debatida en la negociación sindical contemplaba jornadas de entre nueve y diez horas en las playas de La Caleta, Santa María del Mar, Victoria y Cortadura, junto con una compensación económica vinculada al complemento de productividad.
El Ayuntamiento justificó la medida en la necesidad de asegurar la prestación del servicio durante los meses de mayor afluencia turística y en las dificultades organizativas derivadas de las vacantes existentes en la plantilla.
Según la documentación municipal, el nuevo modelo implicaba ampliar el cómputo horario anual de los agentes que se incorporaran a este turno específico de playas. La propuesta fijaba una compensación económica de hasta 352,94 euros por jornada, en función de la duración del servicio, y estimaba un coste global para toda la temporada superior a los 221.000 euros.
Autonomía Obrera rechazó desde el principio esta argumentación y defendió que la vigilancia de las playas constituye una competencia ordinaria de la Policía Local que debe integrarse en la planificación habitual de los servicios, sin necesidad de recurrir a mecanismos excepcionales. La organización también cuestionó la cuantía económica prevista y la fundamentación jurídica utilizada para justificar el complemento.
Mientras el procedimiento judicial sigue adelante, el sindicato ha vuelto a situar el asunto sobre la mesa al considerar que las circunstancias actuales ya no son las mismas que existían cuando se aprobó la medida.
Según explica Autonomía Obrera, durante los últimos meses se han incorporado nuevos agentes a la Policía Local, modificando el escenario que sirvió de base para justificar el complemento de productividad de playas. Por ello, entiende que resulta necesario realizar una evaluación actualizada de las necesidades reales del servicio y de la capacidad de la plantilla para asumirlo.
La organización sostiene que el refuerzo de efectivos debería permitir una mejor distribución de los recursos humanos y evitar que medidas concebidas inicialmente como excepcionales acaben consolidándose de manera permanente. Asimismo, insiste en que cualquier modificación de las condiciones laborales debe ajustarse a la situación actual de la plantilla y respetar los principios de transparencia, igualdad y seguridad jurídica.