El PSOE alerta de multas en Cádiz por la falta de información sobre la Zona de Bajas Emisiones
Los socialistas sostienen que el periodo de divulgación previo a la aplicación del régimen sancionador no se ha desarrollado como estaba previsto
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La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Cádiz vuelve a posicionarse en el ojo del huracán y centro del debate político.
El PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento de Cádiz no ha cumplido los distintos compromisos adquiridos para informar a la ciudadanía antes de la entrada en vigor del sistema sancionador, una situación que, según el grupo municipal socialista, puede traducirse en que se multen a los conductores que desconocen el funcionamiento de la medida.
El concejal y secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, considera que la ausencia de campañas informativas incurren en lo que califican como un incumplimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno y de lo recogido posteriormente en la ordenanza reguladora.
El PSOE sostiene que no se ha respetado el periodo informativo previsto
Los socialistas recuerdan que el Pleno municipal aprobó en febrero de 2025 la puesta en marcha de una fase de información ciudadana antes de aplicar sanciones derivadas del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones.
Con posterioridad ese compromiso quedó reflejado en la propia ordenanza, que contemplaba un periodo de seis meses dedicado a informar a residentes y conductores sobre el alcance de las restricciones y el funcionamiento del sistema.
Según José Ramón Ortega, ese calendario no se ha desarrollado como estaba previsto. El edil asegura que el equipo de gobierno ha dejado transcurrir los plazos sin desplegar campañas de comunicación suficientes y afirma que esa falta de planificación puede provocar que numerosos ciudadanos sean sancionados sin haber recibido información clara sobre las nuevas normas de circulación.
Desde el PSOE sostienen que el objetivo de esa fase previa era precisamente facilitar la adaptación de la población a la nueva regulación y evitar que el desconocimiento derivara en sanciones económicas.
Las cámaras llevan tiempo instaladas mientras continúa el debate político
La formación socialista señala además que la infraestructura necesaria para controlar el acceso a la Zona de Bajas Emisiones lleva tiempo preparada.
En este sentido, recuerda que las cámaras destinadas a la vigilancia del tráfico están instaladas desde hace años y que el propio Ayuntamiento llegó a plantear la implantación de la medida durante 2025.
Sin embargo, el calendario inicial ha sufrido retrasos y, según la oposición, el tiempo transcurrido no se ha aprovechado para desarrollar una estrategia informativa amplia dirigida tanto a residentes como a quienes acceden habitualmente al centro de la ciudad.
Ortega sostiene que el Gobierno municipal fue advertido en distintas ocasiones sobre la necesidad de cumplir el acuerdo plenario y lamenta que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar que la población conociera con suficiente antelación las condiciones de funcionamiento de la ZBE.
A su juicio, la prioridad debía ser evitar sanciones mediante información accesible y no iniciar un sistema punitivo sin haber completado esa fase de divulgación.
La movilidad vuelve a convertirse en un foco de confrontación municipal
Las críticas del PSOE no se limitan a la gestión de la Zona de Bajas Emisiones. Ortega enmarca esta situación dentro de una política de movilidad que, en su opinión, ha estado marcada por cambios continuos y falta de planificación.
El dirigente socialista relaciona esta situación con las modificaciones registradas en el estacionamiento regulado durante los últimos años y considera que esas decisiones reflejan la ausencia de una estrategia definida para organizar la movilidad urbana en Cádiz.
Desde la oposición reclaman que el Ayuntamiento de Cádiz cumpla los acuerdos aprobados por el Pleno y desarrolle políticas que ofrezcan seguridad jurídica tanto a residentes como a visitantes.
En ese contexto, insisten en que la implantación de una Zona de Bajas Emisiones requiere información suficiente, transparencia y una planificación que permita a la ciudadanía conocer con antelación las obligaciones derivadas de la nueva regulación, especialmente antes de la aplicación efectiva del régimen sancionador.