La plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz se ha movilizado en numerosas ocasiones. Foto: Eulogio Garcia.

El PSOE de Cádiz denuncia “un enriquecimiento indecente a costa del servicio de ayuda a domicilio”

El portavoz socialista, Óscar Torres, exige al alcalde Bruno García actuar de inmediato y fiscalizar el contrato con la empresa

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El conflicto en torno al servicio de ayuda a domicilio en Cádiz suma un nuevo capítulo tras la reacción del PSOE en el Ayuntamiento. Su portavoz, Óscar Torres, ha denunciado públicamente lo que considera “un enriquecimiento indecente a costa del servicio de ayuda a domicilio”, señalando tanto a la empresa Óbolo como al equipo de gobierno encabezado por Bruno García.

Las declaraciones llegan en un momento de nuevas denuncias de irregularidades y malestar entre las trabajadoras del servicio, que han alertado de problemas en la gestión y en sus condiciones laborales.

Torres ha sido contundente al calificar la situación como el resultado de una “gestión nefasta”. Según el dirigente socialista, el Ayuntamiento fue advertido previamente sobre el historial de la empresa en otros municipios, pero aun así se formalizó el contrato.

Ahora, sostiene, se está produciendo un escenario en el que la empresa obtiene beneficios mientras crecen las quejas de la plantilla. Para el PSOE, este desequilibrio evidencia un problema estructural en la gestión del servicio.

El portavoz socialista ha reclamado al alcalde una actuación urgente. Considera que el Ayuntamiento no puede mantenerse al margen ante las informaciones que apuntan a posibles incumplimientos.

Según defiende, la administración local debe fiscalizar el contrato de manera efectiva y garantizar que la empresa cumple con sus obligaciones. En caso contrario, advierte, se deben aplicar sanciones.

Sanciones o rescisión del contrato

El PSOE plantea un escenario claro si se confirman las irregularidades: sancionar a la empresa o, en última instancia, resolver el contrato. Torres ha insistido en que el Ayuntamiento tiene herramientas legales para actuar y no puede limitarse a observar la situación.

El objetivo, recalca, es proteger tanto a las trabajadoras como a los usuarios del servicio, que dependen de una atención adecuada.

Como alternativa, el PSOE vuelve a defender la municipalización del servicio. Según explican, este modelo permitiría eliminar costes asociados al beneficio empresarial y al IVA, destinando esos recursos directamente a mejorar el servicio.

Torres ha puesto como ejemplo municipios cercanos donde la gestión directa ha demostrado ser eficaz, tanto en términos laborales como asistenciales.

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