El PSOE de Sanlúcar cuestiona la legalidad del pleno que aprobó el nuevo modelo del autobús urbano
Los socialistas cuestionan la legalidad de la convocatoria y denuncian un contrato de más de 40 millones
El PSOE de Sanlúcar ha anunciado la presentación de un recurso contra los acuerdos aprobados en el pleno extraordinario celebrado el pasado jueves, una sesión en la que salió adelante el expediente para la gestión privada del servicio de autobuses urbanos y la continuidad del actual modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio.
El grupo socialista sostiene que la convocatoria del pleno no cumplió las garantías jurídicas necesarias y acusa al Gobierno local de modificar su posición histórica sobre la municipalización del transporte público.
El portavoz socialista, Víctor Mora, aseguró que los concejales recibieron la convocatoria a las 14:14 horas para una sesión prevista a las 17:00 horas del mismo día. A juicio del PSOE, ese margen de tiempo impidió estudiar con detalle expedientes de gran impacto económico y administrativo para el Ayuntamiento de Sanlúcar.
El grupo considera que esa circunstancia puede afectar a la validez de los acuerdos adoptados y será uno de los argumentos incluidos en el recurso que prepara.
La polémica se centra especialmente en el nuevo modelo de gestión del autobús urbano, un servicio utilizado a diario por vecinos de distintos barrios de Sanlúcar y que llevaba meses generando debate político entre los grupos municipales.
El PSOE de Sanlúcar acusa al Gobierno local de abandonar la municipalización
Durante su comparecencia, Mora cargó contra la alcaldesa, Carmen Álvarez, a la que reprochó haber cambiado de postura respecto al transporte urbano. El portavoz recordó que la actual regidora defendió públicamente en etapas anteriores la municipalización del servicio y participó en movilizaciones en favor de un modelo público.
Según el PSOE, el expediente aprobado permitirá la explotación privada del autobús urbano durante un periodo de doce años y tendrá un coste superior a los 40 millones de euros para las arcas municipales. Los socialistas consideran que la decisión supone “privatizar” un servicio esencial y entienden que existían alternativas para mantener la gestión pública.
Mora afirmó además que su grupo ofreció apoyo para sacar adelante una solución diferente que evitara la externalización del servicio. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo local optó por apoyarse en los votos del Partido Popular y Vox para aprobar el expediente.
En el comunicado difundido tras el pleno, el PSOE calificó a ambas formaciones como los “socios preferentes” del Gobierno municipal.
El enfrentamiento político se produce en un momento de especial tensión dentro del Ayuntamiento por la gestión de varios servicios públicos.
La discusión sobre el transporte urbano se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre el Ejecutivo local y la oposición socialista, que insiste en que la gestión directa garantizaría un mayor control municipal y mejores condiciones para usuarios y trabajadores.
Dudas sobre la tramitación y posible batalla jurídica
El PSOE también ha puesto en cuestión la tramitación administrativa de algunos de los expedientes aprobados durante la sesión extraordinaria. Según explicó Mora, existen dudas sobre si se cumplieron todos los plazos legales y sobre si parte de la documentación fue remitida correctamente a los grupos municipales antes del debate plenario.
El recurso anunciado por los socialistas buscará revisar la legalidad de los acuerdos y podría abrir una nueva fase de confrontación institucional en torno al modelo de gestión de los servicios públicos en Sanlúcar.
El grupo municipal sostiene que no se trata únicamente de una discrepancia política, sino de una cuestión relacionada con la seguridad jurídica del procedimiento seguido por el Ayuntamiento.
La controversia llega además en un contexto marcado por el debate sobre el futuro de los servicios municipales y el incremento del coste de las concesiones públicas en distintas administraciones locales.
El transporte urbano es uno de los asuntos con mayor impacto directo sobre la ciudadanía, tanto por su uso cotidiano como por la repercusión económica que tiene para el presupuesto municipal.
Mientras el Gobierno local defiende la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, el PSOE mantiene que la fórmula aprobada compromete durante más de una década la gestión del autobús urbano y anticipa que llevará el conflicto al terreno jurídico en las próximas semanas.