El SEPE estudia aclarar el acceso al paro de los trabajadores españoles en Gibraltar
Los sindicatos alertan de incidencias en la tramitación de prestaciones por desempleo y piden que se garantice la aplicación del nuevo marco acordado entre España y el Reino Unido
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Las primeras incidencias detectadas en la gestión de las prestaciones por desempleo de trabajadores transfronterizos del Campo de Gibraltar han llevado a CCOO y a la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG) a solicitar aclaraciones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Ambas organizaciones consideran que el nuevo marco administrativo derivado del tratado sobre Gibraltar ofrece cobertura suficiente para reconocer estos derechos y reclaman que se dicten instrucciones que eviten interpretaciones diferentes en las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes.
Trabajadores en Gibraltar: los sindicatos detectan incidencias en las solicitudes de prestaciones
Según han explicado ambas organizaciones, en los últimos días han tenido conocimiento de casos en los que trabajadores transfronterizos han encontrado dificultades al iniciar los trámites para acceder a la prestación por desempleo tras finalizar su relación laboral en Gibraltar.
Ante esta situación, han decidido actuar de forma conjunta para solicitar al SEPE una aclaración oficial sobre el procedimiento que debe aplicarse.
El objetivo es que el organismo estatal confirme los criterios de actuación y remita instrucciones homogéneas a sus oficinas, evitando así que las personas afectadas se enfrenten a retrasos o resoluciones diferentes según el lugar donde presenten la solicitud.
CCOO y ASTEG sostienen que el acuerdo administrativo firmado entre España y el Reino Unido para desarrollar el tratado en materia de coordinación de la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a estas prestaciones y consideran que no debería existir incertidumbre sobre su aplicación.
El nuevo marco mantiene la protección de los trabajadores fronterizos en Gibraltar
La situación afecta a un colectivo especialmente relevante en el Campo de Gibraltar, donde miles de personas cruzan diariamente la frontera para desarrollar su actividad laboral en el Peñón.
La normativa vigente contempla que los trabajadores fronterizos residentes en España que trabajan en Gibraltar puedan hacer valer los períodos cotizados para acceder a prestaciones por desempleo.
Tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Inclusión mantienen publicada esta información en sus páginas oficiales, donde se especifica que los periodos de seguro en Gibraltar pueden ser tenidos en cuenta en España conforme al régimen establecido tras el Brexit y los acuerdos posteriores.
Precisamente esa regulación es la que, según las organizaciones sindicales, debe aplicarse con normalidad tras la entrada en vigor del nuevo tratado sobre Gibraltar, evitando que la transición al nuevo sistema genere perjuicios para quienes dependen de estas prestaciones.
En los últimos meses, tanto CCOO como otras organizaciones representativas de trabajadores transfronterizos habían solicitado al Gobierno español aclaraciones sobre distintos aspectos relacionados con pensiones, cotizaciones y protección social derivados del nuevo escenario jurídico.
Piden rapidez para evitar incertidumbre entre los afectados
Las dos entidades consideran prioritario que el SEPE ofrezca una respuesta rápida que permita normalizar la tramitación de los expedientes y aporte seguridad jurídica tanto a los trabajadores como al personal encargado de resolver las solicitudes.
Además de aclarar el procedimiento, reclaman que la información llegue de forma clara a las personas afectadas para evitar dudas sobre sus derechos y reducir la incertidumbre generada durante los primeros días de aplicación del nuevo marco.
La preocupación se produce en un momento especialmente sensible para los trabajadores transfronterizos, después de que la entrada en vigor del tratado haya abierto una nueva etapa en las relaciones entre España y Gibraltar.
Las organizaciones sindicales han defendido en distintas ocasiones que esa nueva situación debe traducirse en una mayor protección de los derechos laborales y sociales, además de facilitar la movilidad y ofrecer garantías en cuestiones como el desempleo, las pensiones o las cotizaciones.