Este histórico faro va aser declarado Bien de Interés Cultural.

Este faro de la provincia de Cádiz ya no será hotel: el Gobierno lo declara BIC

El plan turístico sobre el faro impulsado por la Autoridad Portuaria de Teófila Martínez queda en el aire

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Tras años de propuestas para transformarlo en un nuevo centro turístico en la costa de Cádiz, con planes que incluían un hotel de cinco habitaciones, un restaurante y un centro de interpretación, un histórico faro de la provincia ha sido blindado legalmente. El Gobierno ha activado su protección como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que supone la suspensión inmediata de cualquier actuación urbanística o comercial sobre el espacio.

La medida supone un revés para los planes impulsados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), presidida por Teófila Martínez, ya que esta declaración paraliza todo ese proceso.

Se trata del Faro de Trafalgar, cuya declaración oficial como BIC ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 17 de junio de 2025. Con ello, se activa un régimen de protección cautelar que impide cualquier intervención que pueda afectar a su integridad histórica, patrimonial o paisajística, mientras se completa el expediente definitivo.

Los planes que ahora quedan bloqueados estaban promovidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, presidida por Teófila Martínez. La entidad impulsó un concurso público para adjudicar la explotación del faro, con un proyecto que contemplaba instalar una pequeña infraestructura hotelera, un espacio gastronómico y una zona museística. Todo ello bajo el marco del programa “Faros de España”, que permite la concesión de usos complementarios en estas instalaciones de dominio público.

La declaración como BIC, sin embargo, cambia radicalmente el escenario. El Ministerio de Cultura justifica su decisión en el “reconocido valor histórico, arquitectónico, paisajístico y simbólico” del faro y del tómbolo sobre el que se asienta. De hecho, la zona es especialmente sensible: en sus inmediaciones se libró la Batalla de Trafalgar en 1805, uno de los episodios navales más relevantes de la historia moderna.

Desde el Congreso, la diputada gaditana Esther Gil de Reboleño (SUMAR) ha calificado la resolución como una “victoria colectiva”, destacando el papel de la sociedad civil organizada en la protección del enclave: “Por fin se reconoce el valor histórico, natural y simbólico del faro. Y además, mientras dure la tramitación, queda paralizado cualquier intento de convertirlo en un negocio hostelero”.

La diputada también criticó el modelo de desarrollo defendido por la Junta de Andalucía, gobernada por el PP: “Mientras la Junta solo habla de hoteles, chiringuitos y gastrobares, nosotras apostamos por un desarrollo que cuide el patrimonio, respete el litoral y genere riqueza sin destruir lo que nos hace únicos”.

Uno de los principales impulsores de esta protección ha sido la plataforma ciudadana El Faro no se vende, que desde hace años ha protagonizado campañas, recogidas de firmas, manifestaciones y reuniones para exigir que no se privatice ni altere el entorno del faro. En un comunicado difundido tras la publicación en el BOE, la plataforma ha afirmado: “Estamos muy contentas y orgullosas de que el trabajo haya tenido su fruto. Han sido años de lucha: recogidas de firmas, manifestaciones, asambleas… y también la elaboración de un informe donde recogimos todos los valores del área de Trafalgar, desde los ambientales y geológicos hasta los sociales y emocionales”.

Desde el colectivo insisten en que no se oponen a revitalizar el espacio, pero reclaman que cualquier uso futuro sea decidido de forma colectiva, respetando el entorno y con beneficios reales para la población local: “No estar de acuerdo con un modelo de explotación comercial no significa estar en contra de darle vida al faro. Queremos que se escuche a la población local y se piense un uso que beneficie a todos, no a unos pocos”.

La incoación del expediente y su publicación en el BOE representa un paso clave en la conservación del patrimonio litoral. Mientras se completa el proceso administrativo, cualquier proyecto de carácter hostelero o turístico queda paralizado. De momento, el faro seguirá cumpliendo su función original, libre de transformaciones que comprometan su esencia o su historia.