La diputada Esther Gil de Reboleño, de Sumar Cádiz, aparece en el interior del Congreso de los Diputados presentando documentación en el registro. Lleva un traje gris claro y sostiene una carpeta con papeles. La imagen es de archivo y refleja un gesto formal y decidido.
Esther Gil de Reboleño (Sumar Cádiz) registra en el Congreso de los Diputados mociones en una imagen de archivo.

Esther Gil de Reboleño acusa al Gobierno de bloquear los terrenos de Delphi y exige una salida industrial para Puerto Real

La diputada de Sumar Cádiz reclama al Ministerio de Hacienda una actuación clara que ponga fin a casi dos décadas de parálisis y devuelva a la Bahía de Cádiz su papel industrial

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Casi veinte años después del cierre de Delphi, la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha llevado al Congreso de los Diputados la voz de Puerto Real.

La parlamentaria acusa al Gobierno de España de mantener bloqueados los antiguos terrenos de la factoría, mientras exige al Ministerio de Hacienda una actuación “clara y urgente” que defina el futuro de los suelos y permita impulsar un nuevo ciclo industrial en la Bahía de Cádiz.

Los terrenos de la antigua planta de Delphi permanecen sin actividad desde su cierre en 2007, un golpe que supuso la pérdida de más de 1.600 empleos directos y 1.300 indirectos. Desde entonces, la falta de una estrategia pública y las indefiniciones competenciales entre administraciones han convertido este enclave en símbolo del abandono industrial en la provincia.

“Estamos hablando de suelos estratégicos que podrían ser un motor de empleo estable y desarrollo económico, pero que llevan años atrapados en un limbo administrativo”, denunció Gil de Reboleño desde el Congreso.

En su intervención, la diputada recordó que el cierre de Delphi fue “uno de los episodios más duros para el tejido industrial gaditano” y advirtió que la inacción de las administraciones está “expulsando inversiones que podrían estar generando empleo ahora mismo”.

Expropiación y falta de claridad del Gobierno

La parlamentaria gaditana ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Hacienda sobre el estado del procedimiento de expropiación de los terrenos y el interés público que debe prevalecer sobre ellos.
La operación de compra anunciada en 2022 por una sociedad vinculada al Cádiz Club de Fútbol, dentro del proyecto Sportech City, se vio envuelta en un conflicto jurídico por la existencia de ese expediente de expropiación impulsado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, generando incertidumbre entre potenciales inversores.

Gil de Reboleño considera “inaceptable” que, tras casi dos décadas de espera, el Gobierno no haya definido aún un calendario ni un plan concreto para el uso de los suelos. “Cada vez que un proyecto se cae o se marcha a otro municipio, Puerto Real pierde oportunidades que no se recuperan”, advirtió.

Sumar pide un plan real de reindustrialización

Desde Movimiento Sumar Cádiz, se reclama una actuación coordinada, transparente y urgente, que devuelva a Puerto Real su papel como motor industrial de la provincia. Gil subraya que el Ayuntamiento de Puerto Real “no puede seguir siendo un actor secundario en decisiones que afectan directamente a su futuro” y pide al Ejecutivo central que asuma su responsabilidad para definir el destino de los terrenos.

El partido insiste en que solo una estrategia pública clara, acompañada de inversión y cooperación institucional, podrá reactivar el tejido productivo de la Bahía de Cádiz y cerrar un ciclo de abandono que se prolonga desde 2007.